Condenada a seis años de prisión la ex cúpula de la Guardia Civil de Balears

La ponente de la sentencia, la magistrada Mónica de la Serna, considera probado que los dos coroneles falsificaron documentos públicos para conseguir liberar 12.000 euros para comprar mobiliario para la residencia del jefe de zona. Antes de tomar posesión del cargo, García Peña inspeccionó que sería su vivienda y constató que carecía de muebles. Ante esta situación, consultó con el servicio de acuartelamiento para pedir dinero para compara mobiliario. La subdirección General de la Guardia Civil asignó una partida de 12.000 euros destinados a una partida de 'reparaciones de edificios'. De acuerdo con la sentencia, García Peña y el entonces teniente coronel Cuadri sabían que era imposible destinar ese dinero a comprar muebles, así que «idearon la posibilidad de crear un expediente de obra que justificara la salida del crédito reasignado; para ello resultaba necesario saber qué documentos eran necesarios y tener un constructor que se prestase a ello». Aquí interviene el capitán Trujillo, que pone en contacto a los dos coroneles con un empresario de su confianza.

En agosto de 2005, García Peña firma un oficio por el que adjudica unas supuestas obras de reparación del bajo y de la cocina de un pabellón del cuartel de Palma al empresario recomendado por el capitán Trujillo. El importe de esta actuación era de 12.505 euros. El constructor facturó las obras, que nunca se llegaron a realizar. La factura fue conformada por García Peña, lo que permitió que se realizase el pago del dinero en octubre de 2005. Una vez cobró, el empresario dedujo el IVA y entregó el dinero al capitán Trujillo, quien a su vez se lo llevó al coronel García Peña. Éste compró el mobiliario para la residencia, e inventarió todo lo adquirido. Para el Tribunal, desde un principio, todas las actuaciones iban destinados a ser efectivos en el tráfico jurídico y rechazan el argumento de fiscalía de que sólo es objeto de falsedad el certificado de obras.