TW
0
JULIO BASTIDA La empresa ASER S.A., gestora de la residencia de Crist Rei de Inca, ha descartado «de manera rotunda» y a través de un comunicado de prensa que se hayan producido malos tratos en el centro, después de que esta semana fueran detenidas dos de sus responsables acusadas de este delito.

La citada empresa, que hasta la fecha se había negado ha realizar declaraciones, indica además que no le parece «adecuado cuestionar la profesionalidad, la ilusión y la implicación» de sus trabajadores.

La directora y la jefa de enfermeras de la residencia fueron arrestadas esta semana por maltratar a los usuarios y falsificar recetas para vender luego fraudulentamente los medicamentos.

Después de comparecer ante el juez, ambas quedaron en libertad imputadas de unos presuntos delitos contra la integridad moral, falsedad en documento oficial y contra la salud pública, con diferentes grados de implicación.

«Nuestra máxima preocupación es, en la situación actual, garantizar una atención de calidad a nuestros mayores y a sus familiares y las mejores condiciones de trabajo para los profesionales del centro». ASER afirma que el objetivo del servicio prestado a los residentes «ha sido y es una atención individualizada, integral y multidisciplinar con la necesaria colaboración de las familias».

Por último, la empresa gestora de la residencia manifiesto ayer que no se ha tomado, «a día de hoy», la decisión de ratificar a la directora del centro, Juana R.O., que tendrá que responder por un delito de lesiones por malos tratos a los pacientes. Esta información contradice a las palabras del Doctor Perea, responsable de la empresa, que tal y como publicaba en la edición de ayer Ultima Hora, se reunió ante más de 20 personas en una reunión y les transmitió que: «La directora tiene toda nuestra confianza y será ratificada en el cargo».

Estas palabras levantaron una gran indignación en el seno de los familiares que esperaban que ambas trabajadoras detenidas fuesen despedidas inmediatamente.

El próximo martes está prevista una reunión entre los trabajadores, familiares, Govern Balear, Consell de Mallorca y Ajuntament d'Inca para clarificar el futuro más inmedianto del centro.