Orden de alejamiento de diez años por delito, es decir, de 60 años. Fiscalía ajustó la petición de pena para los dos acusados de abusar de sus tres hijos en Llucmajor, aunque aumenta los delitos ya que considera a la madre cooperadora necesaria de los delitos del padre por su no denunciarlos.
En un primer momento, Fiscalía pedía una condena de 133 años en total para la pareja. La elevada petición se justificaba en que computaba cada delito de abusos y cada violación de forma separada. Sin embargo, tras las pruebas testificales, la fiscal Ana Lamas, decidió considerar los delitos de forma continuada. De esta manera, solicita una condena de 30 años para la madre por delitos de exhibicionismo, provocación sexual, corrupción de menores, abuso sexual y agresión sexual. Para el padre pide 20 años ya que él no está acusado de uno de los delitos de abusos.
Junto a las penas de cárcel, la acusación pública solicita también una orden de alejamiento y la retirada de la patria potestad de seis años por delito. También pide que los menores sean indemnizados con 20.000 euros por las graves secuelas producidas por los abusos.
En su alegato, la Ana Lamas sostuvo que los menores vivieron en un ambiente «incestuoso y sexualizado» y recordó que sus acusaciones han sido persistentes en el tiempo y que su veracidad ha sido avalada por todos los peritos que declararon en el Tribunal.
El matrimonio acusado de abusar de sus tres hijos en Llucmajor cerró el juicio reiterando su inocencia: «Puede que pegara alguna vez a mi hijo, pero lo demás es falso», aseguró el padre.
«No es verdad; siempre he querido a mis hijos y los seguiré queriendo hasta la muerte», dijo ella. La mujer se hundió en su último turno de palabra y rompió a llorar, a diferencia de la primera sesión del juicio, en la que los padres mantuvieron una actitud defensiva en todo momento.
La defensa, trató de atacar la credibilidad del testimonio de los menores y de los psicólogos. Así, el letrado Pedro Pablo Aceituno puso de manifiesto que todos los peritos trabajaban para el Consell de Mallorca, administración que también ejerce la acusación popular. Además incidió en la posibilidad de que los menores estuvieran «contaminados» por su abuelo y por su prolongada estancia en un centro con otros niños también víctimas de abusos.
Por su parte, la abogada de la acusación popular, Dolores Feliú añade a los delitos de los que acusa Fiscalía el de malos tratos físicos: «eso era la casa del terror», aseguró.
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