El acusado reconoció los hechos, después de ser detenido en enero de 2008 en el transcurso de una operación policial a gran escala contra la pornografía infantil, en la que fueron arrestados pedófilos en toda España. El dispositivo policial fue coordinado desde Barcelona para perseguir un archivo de vídeo en que contenía una violación a una niña de 13 años. El acusado se lo había descargado a través de un programa de intercambio de archivos en internet y, aunque no formaba parte de la trama principal fue arrestado. En el disco duro de su ordenador, los agentes encontraron millares de imágenes de contenido sexual explícito, algunas de ellas de extremada dureza. Además de descargarse las imágenes, el condenado difundió doce de los vídeos a través de redes peer to peer.
En un primer momento, el fiscal José Díaz Cappa solicitaba una condena de ocho años de prisión para el acusado al considerar que se trataba de un delito de distribución de material de pornografía infantil grave, ya que las imágenes mostraban violaciones y en ellas aparecían menores de trece años. Sin embargo, una reciente sentencia del Tribunal Supremo, aportada por el letrado Javier Toro, señala que la pena más grave corresponde sólo a quienes toman las imágenes, no a quienes las descargan.
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