El Sistema de Intervención de Comunicaciones -Sitel- permitió, en junio del año pasado, que el juez Garzón cazara a Gennadios Petrov en su mansión de la exclusiva urbanización de Sol de Mallorca, en Calvià. Ahora, con la polémica originada por el PP sobre si los pinchazos son legales o no, la defensa del presunto mafioso ruso ha solicitado la nulidad de las actuaciones contra él.
El Grupo de Información de la Guardia Civil llevaba años tras los pasos de Petrov, considerado jefe de la Tambovskaya -mafia rusa-, pero fueron los pinchazos telefónicos de Sitel los que permitieron determinar cómo funcionaba la organización criminal, que tenía ramificaciones en Alicante, Madrid, Valencia, Málaga, Marbella y Granada. Una de las ventajas del sistema Sitel es que, además de leer las conversiones con móviles y teléfonos fijos, también puede ubicar por GPS al sospechoso que está siendo investigado.
La red de Petrov controlaba desde Mallorca las actividades criminales ejecutadas por mandos intermedios y subordinados, como el asesinato, tráfico de armas, extorsión, tráfico de influencias, cohecho, negociaciones ilegales, contrabando de cobalto y de tabaco, tráfico de drogas, palizas por encargo y amenazas. Garzón les acusa de asociación ilícita y blanqueo de capitales. La investigación ha descubierto más de 500 cuentas bancarias utilizadas por la red, que blanqueaba anualmente decenas de millones de euros en paraísos fiscales. Mediante la asesoría de bufetes y despachos de economistas españoles, la mafia creaba sociedades para ocultar el origen de los ingresos.
La 'operación Troika' supuso el segundo gran golpe a las mafias rusas en España, tras la 'operación Avispa', iniciada en junio de 2005 y que acabó con más de una treintena de detenidos en diferentes provincias. Entre los arrestados en Troika se encontraba Vitali Idrilov, que ya fue detenido en aquella operación por asociación ilícita, blanqueo de capitales.
Las fuentes policiales consultadas ayer por este periódico sobre la polémica del PP y Sitel indicaron que el sistema de escuchas «es una herramienta clave en la lucha contra el crimen organizado», y denunciaron que, tal y como solicita el Partido Popular, su desmantelamiento supondría «perder una de nuestras armas más útiles para luchar contra la corrupción y las bandas organizadas».
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