El sindicato CGT que representa a cuatro de las trabajadoras del centro de acogida cuyo gerente está imputado por un delito contra la integridad moral, ha presentado una demanda en sede judicial para reclamar el pago de cuatro nóminas. Las empleadas de la Federació Balear d'Associacions LGTB no cobran desde julio.
Ayer, la secretaria general del sindicato, Nanda Hernández y el abogado Pablo Alonso de Caso anunciaron que presentarán una denuncia penal por un delito contra los derechos de los trabajadores dirigida contra la asociación.
Además, los representantes de los empleados se personarán en la causa que instruye el Juzgado de Instrucción número 1 de Palma por el supuesto trato vejatorio que sufrían las mujeres acogidas en el centro. De Caso señala que hasta en ocho ocasiones han acudido a arbitrajes con la directiva de la asociación sin conseguir desbloquear la situación. Una de las empleadas, acusa al gerente de la misma -el detenido por vejar a las mujeres acogidas- de obligarla a limpiar su piso particular.
Por su parte, la Federación de Asociaciones, insistió ayer en un comunicado en que el trato a las internas fue correcto y afirman: «El piso se clausuró estrictamente por motivos económicos. Las ayudas de la administración eran insuficientes y empezaron a quedar facturas sin pagar. La decisión de cerrar se tomó ante la poca disposición de las administraciones por colaborar».
