Condenado a cuatro años un abogado mallorquín por apropiarse de 64.000€ de uno de sus clientes

Mediante una sentencia, el tribunal de la Sección Segunda impone asimismo a José María D.C. una multa de 1.440 euros y el pago de una responsabilidad civil de 64.000 euros en favor del perjudicado. En concreto, sobre el acusado, quien ha sido condenado por conformidad entre las partes, pesan un delito de estafa agravada y otro de falsedad documental.

La sentencia relata en sus hechos probados cómo el abogado fue contratado por Francisco S.M. para que le representara en una causa relativa a la división de la vivienda que poseía conjuntamente con su mujer, y en la que ésta había interpuesto una demanda finalmente estimada, que le permitía vender el inmueble en común.

Sin embargo, movido por la intención de un beneficio patrimonial injusto y a sabiendas de que ya había sentencia, el letrado animó a su cliente a recurrirla en apelación, llegando a anunciarlo ante el Juzgado pero sin interponer finalmente el recurso. No obstante, el inculpado convenció a su patrocinado para que, mientras se tramitaba el supuesto recurso, llegara a un acuerdo con su mujer para la compra de la vivienda, a cuyo efecto debía ingresar en la cuenta del Juzgado 54.733 euros para poder adquirir la mitad del inmueble.

De este modo, tras solicitar el dinero a su hermano, el afectado realizó a finales de 2007 dos transferencias en la cuenta de José María D.C., por importes de 27.000 y 27.733 euros que el acusado incorporó a su patrimonio «sin que tuviera ninguna intención de consignar esta cantidad en el Juzgado», relata la resolución.

Según la sentencia, para dar «mayor realismo a la ficción creada por el acusado», éste confeccionó diversos documentos, supuestamente procedentes del Juzgado, con los que pretendía «dar tranquilidad» a su cliente y hacerle creer que el procedimiento continuaba adelante. Tras todo ello, el abogado volvió a pedir dinero a Francisco S.M. para el pago de las costas, abonándole 6.000 euros de los que el inculpado volvió a apropiarse.

Ante la insistencia del perjudicado y su hermano para les devolviera el dinero, José María D.C. extendió un cheque a nombre de su cliente por importe de 60.000 euros, en noviembre de 2009, a sabiendas de que la cuenta a la que estaba asociado carecía de dinero suficiente para hacer frente al cobro, por lo que no sólo no pudieron recuperar el dinero, sino que además se les generó un gasto de 2.400 euros.

El letrado se ha sentado en anteriores ocasiones en el banquillo de los acusados, entre otras por apropiarse de 8.000 euros que un empresario le entregó para destinarlos a gestionar la disolución y liquidación de una sociedad. Asimismo, permaneció en busca y captura durante año y medio hasta que finalmente fue arrestado en la localidad de Lloseta.