La Fiscalía pide cuatro años de cárcel para Toubes y la acusación particular ocho

La Fiscalía ha mantenido la petición de una condena de 4 años de prisión para L.A.R.T.R., por estafa continuada y la acusación particular, en representación del matrimonio, ha pedido 8 años y una multa de 12.906 euros, porque le considera responsable de «diez engaños concatenados» que llevaron a que la pareja perdiera su patrimonio, según ha dicho su abogado, Eduardo Valdivia.

Además también está acusada por ambas partes la madre del joven, C.R.C., como partícipe del delito de su hijo a título lucrativo. La acusación particular pide también una condena de 5 años de cárcel para A.G.P. y multa de 3,1 millones por presunto blanqueo.

La acusación particular reclama una responsabilidad civil de 589.153 euros, que se declare la nulidad de los actos jurídicos que dieron lugar a la denuncia y que el acusado restituya al matrimonio el mobiliario, los utensilios, recuerdos familiares y ajuar doméstico que estén en su poder.

La defensa ha pedido la absolución porque considera que las donaciones fueron legítimas y que están avaladas por varios notarios que les explicaron con detalle las consecuencias.

El abogado Laureano Arquero ha pedido al tribunal que no juzgue al acusado «ni por su apariencia ni por los comentarios desafortunadísimos todos que ha dicho a lo largo de esos años a la prensa».

En su informe final, la fiscal María Morató ha resumido con una pregunta el proceso: «¿Cómo es posible que dos personas maduras donen todo su patrimonio a un niño de 21 años, sin una causa justificada, sin reservarse usufructo ni nada?».

La fiscal ha respondido que, tras el juicio, está convencida de que «lo que dicen los denunciantes es lo que realmente pasó» y que el joven se ofreció a negociar para ellos con el banco la compra de una finca colindante a la suya y les convenció de la necesidad de aparentar que tenía un sólido patrimonio para lo cual debían realizarle donaciones, cuyas escrituras se quedarían en un cajón y posteriormente les devolvería.

Ha cuestionado la versión del acusado, de que le hicieron las donaciones porque eran de «su cuerda», cuando no tienen ninguna semejanza con él.

«Una persona a la que le gusta vivir bien, viajar, que ha estado 6 años en el extranjero, de lujo y marcas, que si me codeo con el rey, con Lomana, con el famoseo», ha descrito la fiscal al acusado, y lo ha comparado con «dos personas millonarias pero con una vida austerísima», que «viven como si estuvieran en el siglo pasado».

Ha asegurado que es «un chico listísimo, con muchísimas habilidades sociales» y cree que se aprovechó de la escasa formación cultural y del aislamiento del matrimonio para trazar dicho plan, ganándose su confianza y empezando por lo más fácil, que fue venderles una finca que ellos creían que era de su madre.

«Pero les vendió humo», ha dicho la fiscal, porque la finca ya no era de su titularidad por un pleito por doble matriculación.

El abogado del matrimonio, Eduardo Valdivia, ha descrito lo ocurrido como «un engaño poliédrico» segmentado en diez partes cuyo «engaño reina» fue la donación de 15 fincas y que comenzó con esa venta irreal.

Siguió con el compromiso por escrito de la afectada de no devolver los 30.000 euros que pagó por la propiedad. El abogado ha destacado que el acusado dijo que ese complejo documento lo había escrito la propia afectada cuando ésta «no sabe ni encender el ordenador». «Es de Groucho Marx, es el mundo al revés», ha asegurado.

También se ha referido a otro documento que firmó la mujer tras pagar 170.000 euros por otra propiedad y que «no es un recibí, es un entregué, que también es surrealista».

El abogado ha destacado la opacidad y el secretismo de una operación valorada en 38 millones de euros, logrados al atomizar las donaciones para evitar que el volumen patrimonial total apareciera en una sola escritura y así pasara desapercibido, acudiendo a varios notarios distintos y sin que interviniera ningún abogado.

El acusado se erigió a si mismo como «el único interlocutor válido para negociar», como «un fenómeno de la negociación» y logró convertirse «en el escudo impermeable para que nadie penetre en esa realidad virtual que ha creado».

El letrado Jaime Campaner ha pedido que la estafa sea considerada de especial gravedad porque supuso que el matrimonio se quedó «sin bienes, sin rentas y con una deuda millonaria ante la Agencia Tributaria».

También ha destacado que la ley considera que una estafa es grave cuando el valor de la defraudación supera los 50.000 euros y ha asegurado que el acusado «ha estafado 160 veces esa cantidad».

El abogado defensor, Laureano Arquero, que ha descrito a su defendido como un «niñato», «alfeñique» y «tirillas» y ha cuestionado que se le pueda considerar «el gran estafador de la isla».

«Puedo entender que genere ternura y cariño pero ¿que genere confianza? ¿Este niño puede generar confianza en alguien? No me lo creo», ha dicho.

El abogado ha destacado que varios notarios acreditaron la plena capacidad del patrimonio para firmar las escrituras y ha recalcado que todos ellos les informaron repetidas veces y hasta el hartazgo de la trascendencia de las operaciones, el efecto que iban a tener sobre su patrimonio e incluso su carga tributaria.

«Todas las donaciones fueron santificadas por los notarios que advirtieron perfectamente a los donantes de los efectos», ha asegurado, y las ha calificado de «perfectamente legítimas, eficaces y vinculantes», si bien los motivos que las inspiran pertenecen a la intimidad de los donantes.

Cree que lo único que ha motivado que «esta donación tan generosa» llegue a juicio es «lo extravagante por la cuantía».

El juicio continuará el próximo miércoles, con los informes finales de los otros dos abogados defensores y el turno de última palabra.