La defensa del encausado, Miguel Estarellas, asevera que «no se nos ocurre en qué medida mi patrocinado podría influir ahora en una investigación que, por lo que a él respecta, parece ya concluida».
Es más, señala que la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim) establece que cuando el ingreso en prisión se haya acordado en aras de evitar la ocultación, alteración o destrucción de las fuentes de prueba, «su duración no podrá exceder de seis meses». Sin embargo, Estarellas permanece confinado en el centro penitenciario de Castellón desde agosto de 2015.
Una situación que, a juicio del abogado, hace «inviable ejercitar una defensa que colme los estándares constitucionales», además que provocar que el agente «no podrá ser debidamente instruido del pleno contenido de la causa». Pide así que se equipare su situación procesal «a la de aquellos investigados que fueron puestos en libertad con el fundamento de que ya habían sido aseguradas aquellas diligencias de prueba que les afectaban».
En uno de los autos incluidos en el amplio sumario de la causa, cuyo secreto fue parcialmente levantado la pasada semana, el instructor, Manuel Penalva, asevera que entre los ejemplos «más ilustrativos de la desidia mostrada por la cúpula policial» destacan los de los efectivos Daniel Montesinos y el propio Estarellas.
Precisamente, sobre este último el juez afirma que «es sabido por todos, y así lo han declarado tanto víctimas como compañeros de trabajo, que el señor Estarellas es una persona violenta».
Amenazas
De hecho, uno de los responsables de la Patrulla Verde detenidos dijo de él que, en una ocasión en que comenzó a lanzar amenazas contra la Guardia Civil «en general», espetó: «Si yo hubiera sido un etarra les habría dado metralleta a todos», e incluso llegó a manifestar que «tenía familia en el ejército y que se llama Francisco Franco Bahamonde al tiempo que hacía el saludo fascista».
Según el juez, Estarellas también manifestó en la cárcel que disponía de 180.000 euros y que iba a destinarla íntegramente esta cantidad «a hundir al instructor y al fiscal de esta causa».
Entre las conductas desplegadas por los agentes investigados se encuentran, según el magistrado, «la extorsión, la manipulación, la destrucción u ocultación de pruebas, los preavisos, el trato desigual para unos empresarios y correlativo de favor para otros, las 'mordidas', los prostíbulos, el alcohol y la cocaína en horas de servicio, las fiestas privadas donde el sexo, la droga y el alcohol corre por cuenta de determinados empresarios y la venta por parte de agentes de policía de objetos incautados a vendedores ambulantes».
También añade a estas prácticas el tapizado «forzoso» del mobiliario de los empresarios, la incautación para sí de sustancias estupefacientes, la venta coactiva de seguros, cámaras de vigilancia, aires acondicionados, máquinas expendedoras, la «colocación» intencionada de sustancias estupefacientes en determinados locales para así justificar su inspección y cierre, las palizas a personas vulnerables, el maltrato a las mujeres, y la asfixia económica de los empresarios que hacen la competencia a los locales propiedad de agentes de policía, y que son explotados por sí mismos o a través de terceros interpuestos.
4 comentarios
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peligro ,alerta,cuidadin nino nino nino,an hecho saltar asta las alarmas del pentagono
CADENA PERPETUA PARA ESTE ELEMENTO PLIS
kin kachondeo
No sé si atrevir-me a comentar res, quina por, només diré que sembla una bona "joia"