El juez constata la existencia de 50 episodios de coacción e intimidación por parte de los policías investigados

| Palma, Mallorca |

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El juez que investiga la trama de corrupción urdida en el seno de la Policía Local de Palma, Manuel Penalva, subraya en su último auto que se ha constatado la existencia de casi 50 episodios distintos de coacción e intimidación, por parte de los numerosos agentes encausados, «de la más variada índole» entre los que se incluyen sabotajes, daños a sus bienes, anónimos amenazantes y seguimientos.

Así lo pone de manifiesto en un auto de aclaración, al que ha tenido acceso Europa Press y que el magistrado ha dictado para complementar la resolución con la que en la noche del pasado lunes decretó prisión sin fianza para el que fuese comisario de la Policía Local Rafael Estarellas y para otros tres agentes detenidos esa jornada en el marco de esta causa.

En su auto aclaratorio, el titular del Juzgado de Instrucción número 12 explica, «aunque dicha finalidad puede inferirse implícitamente» en el auto de prisión, que la finalidad perseguida con respecto a Estarellas y los también investigados Rafael Puigrós y Alberto Juan es la de «salvaguardar la integridad personal y material» de dos de las testigos interrogadas en la causa, en esta ocasión por episodios de vejaciones homófobas.

Tal y como señala el juez, ambas han sido presuntamente «víctimas de numerosos y preocupantes actos de intimidación y coacción por parte de los referidos investigados o su entorno, situación que es ya una constante en esta causa».

En este sentido, la principal víctima de estos hechos manifestó ante el magistrado haber recibido insultos homófobos por parte de varios de sus compañeros y un trato discriminatorio dentro del cuerpo tanto en el día a día como a la hora de promocionarse. Los agentes interrogados negaron sin embargo que reinase la homofobia entre ellos.

Es más, un alto cargo del Consell de Mallorca -la otra víctima de los hechos- declaró recientemente que dos policías locales de paisano se personaron el pasado mes de octubre en la institución para buscarla y trasladarle, en el bar de la Administración insular, que «no pararían» hasta que una compañera -en referencia a la anterior agente- que les había denunciado «perdiera su plaza» y que «iban a por ella».

«No vamos a parar hasta enterrarla»

«No vamos a parar hasta enterrarla», llegaron a decirle. La declarante señaló que cuando les preguntó por qué no acudían al Juzgado o a la Fiscalía, le respondieron que «perro no come perro» y que «todo era un entramado» dirigido a «hundir» al PP, al concejal y diputado Álvaro Gijón y al expresidente de la formación en la capital balear, José María Rodríguez.

El juez incide en su último auto que la finalidad de enviar a los agentes a prisión «está ligada a la posibilidad de ocultar, destruir y alterar pruebas», al aseverar que ha sido intervenido un ordenador utilizado por otra de las detenidas, Francisca García, en el que se ha encontrado un archivo encriptado de diez gigas «cuyo contenido se desconoce pero que podría conducirnos a nuevas fuentes de prueba que deben ser protegidas».

«Declaraciones incompatibles»

El juez recrimina asimismo que ni Estarellas ni García quisieron «dar facilidad alguna para que la investigación pueda acceder a esa información» y, por otro lado, aunque el comisario manifestó conocer su contenido «alegando que era inocuo», García declaró desconocer la existencia de esa carpeta.

Unas declaraciones que, a juicio del instructor, «son incompatibles entre sí, toda vez que era Estarellas el que le daba las órdenes y la referida información se localizó en el ordenador de su subordinada».

Cabe recordar que, durante su declaración, el comisario aseguró que en ningún momento consintió ninguna situación homófoba como tampoco tuvo conocimiento de que ocurriera, por lo que negó de forma tajante los delitos que se le imputan.

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