Según han explicado fuentes de la Fiscalía, el acusado ha reconocido los hechos y, de acuerdo con la ley, la jueza ha transformado el caso en un procedimiento de juicio rápido que se celebrará el martes 27 de junio, donde se sellará el acuerdo.
La intención de la Fiscalía es pedir un año de inhabilitación para el acusado, con lo que la defensa, en principio, está de acuerdo y, de aceptar los hechos, la jueza rebajaría la pena una tercera parte, quedando en ocho meses la condena definitiva.
La Fiscalía se había querellado contra el propietario del local después de una denuncia presentada por la presidenta de Down Lleida, Pilar Sanjuan, que defendió que su intención no es que se multe al local ni que lo cierren una temporada, sino que unos hechos así no se repitan.
El 31 de marzo, 14 personas con Síndrome de Down y otras discapacidades intelectuales no pudieron entrar porque los responsables del local argumentaron que se estaba celebrando una fiesta privada y el 8 de abril uno de los monitores entró solo y comprobó de que no había ninguna fiesta privada, aunque tampoco dejaron entrar al grupo.
Entidades, asociaciones y políticos se sumaron a la crítica contra el veto por parte del propietario, entre ellos el alcalde de la ciudad, el socialista Àngel Ros, y la consellera Neus Munté, que publicó en Twitter: «Todo el apoyo a Down Lleida. Una sociedad que quiere ser inclusiva no se puede permitir estas prácticas».
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