El exjefe de la Patrulla Verde Biel Torres (cubriéndose el rostro), junto a su letrado Miguel Arbona, entrando en los juzgados. | Alejandro Sepúlveda

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Un letrado del ‘caso Cursach' solicita la designación de un nuevo juez instructor para la ‘operación Sancus'. El abogado considera que el titular del juzgado de Instrucción número 12 de Palma, Manuel Penalva, es «parcial» y «vulnera los derechos constitucionales, todo ello además de la falta de respeto al trabajo del letrado que suscribe y al intento legítimo de realizar el mismo desde la buena fe procesal».

El abogado ha remitido al juzgado un duro escrito de protesta al que ha tenido acceso este periódico. Cuenta con el respaldo de gran parte de los abogados del caso, que ya se han rebelado varias veces en este proceso judicial.

Declaración
A modo de ejemplo, hace constar que «el día 21 de julio se suspendió una declaración propuesta por la defensa debido a que el fiscal quería estar presente en la declaración. No obstante, el mismo día, sobre las 11.30 horas, el ministerio fiscal y el juez (sin secretario judicial y sin grabar la declaración) le tomaron testimonio al testigo 29».

«El día 27 de julio, se tomó declaración a los testigos de la defensa sin atender la solicitud de grabación. La misma resultó violenta y en opinión de quien suscribe se faltó al respeto de los declarantes y del letrado de la defensa. En todo momento se dijo, hasta la náusea, que sabían que venían a mentir. Tanto por el juez como por el fiscal (Miguel Ángel Subirán) se hizo la manifestación antes de que pronunciasen una sola palabra», reza en otro apartado del escrito.

Interés
El letrado afirma en este documento que hay «un interés desmesurado del ministerio fiscal en las actuaciones judiciales del testigo 29». Critica «la abusiva utilización por parte del fiscal de preguntas sugerentes o capciosas que nunca son declaradas impertinentes hace que este letrado solicite la grabación de forma reiterada».
El abogado también lamenta la forma en la que se notifican las citaciones. «Los testigos de las acusaciones se notifican sin antelación (...). Uno puede pensar que es un fallo si la situación es realmente urgente o se trata de un error eventual (...). Lo inaceptable es cuando la actuación patológica es habitual (en el presente procedimiento siempre). Citándose siempre verbalmente o mediante llamadas telefónicas urgentes (...). Ese trato, aparte de vulnerar los derechos del justiciable, es una total desconsideración hacia el trabajo y dignidad de los letrados de la defensa».