El juez procesa a 14 personas por la ‘mafia laboral' de Palma

De forma centralizada, el grupo desviaba la mayoría de sus ingresos a través de una caja ‘b'. Un informe de la Agencia Tributaria cifra en 5,2 millones de euros las cantidades defraudadas sólo en el impuesto de Sociedades entre los años 2009 y 2015. A esta cantidad hay que sumar todas las cuotas de la seguridad social de trabajadores contratados en negro. El magistrado incluye en el auto delitos de organización criminal, contra los derechos de los trabajadores, fraude a Hacienda y a la Seguridad Social, alzamiento de bienes y un delito contra la salud pública. Este último ilícito tiene que ver con la venta de alimentos en mal estado en algunos de los establecimientos, una práctica que también se ha abierto un expediente por parte de la Inspección de Sanidad del Govern.

El auto describe cómo, en varias ocasiones los principales investigados y su abogado llevaron a la quiebra de forma ficticia varios negocios: dejaban de facturar en blanco y desviaban los beneficios hasta que cerraban y los declaraban insolventes para no pagar a proveedores ni a trabajadores. También se indican una serie de prácticas intimidatorias para controlar a empleados que, en al menos un caso, llegan hasta la violencia física. La resolución ha sido recurrida ante la Audiencia Provincial por las defensas, que niegan la existencia de una única organización coordinada.