Patricia Ramírez y Ángel Cruz, padres de Gabriel, han comparecido durante dos horas este jueves ante el juez instructor, Rafael Soriano, y han declarado en calidad de testigos en el marco de las diligencias que se están practicando encaminadas a esclarecer la muerte violenta del niño a manos presuntamente de la que era compañera sentimental de su progenitor, Ana Julia Quezada.
Ambos han accedido a la Ciudad de la Justicia, donde estaban citados a las 12,00 horas, en coche y por el garaje, y han abandonado dependencias judiciales de la misma forma poco antes de las 15,00 horas. Han estado acompañados en todo momento por los abogados con los que se han personado en la causa como acusación particular, los hermanos Francisco y Miguel Ángel Torres, y antes de comparecer ante el magistrado han remitido un comunicado a los medios de comunicación en que aseguraban que se enfrentaban «sin duda» a «uno de los días más duros».
El juez Rafael Soriano les ha tomado declaración como testigos por separado para indagar en aspectos que permitan aclarar cuál era la relación del pequeño con Quezada y conocer detalles de su comportamiento hacía ellos durante los 13 días en los que se mantuvo su búsqueda desde que se perdiera su rastro el 27 de febrero en Las Hortichuelas, Níjar (Almería) y durante los que «dio una falsa apariencia de preocupación por la desaparición y suerte del niño» y «mantuvo el engaño, aumentándolo hasta el punto de colocar ella misma una camiseta del menor en el monte», tal y como él mismo subraya en el auto en el que decretó para ella prisión provisional, comunicada y sin fianza.
Cabe recordar que Ana Julia Quezada, autora confesa del crimen, está investigada inicialmente como presunto autora de un delito de asesinato con alevosía, un delito de detención ilegal ya que se llevó a Gabriel «mediante engaño o promesa de devolverlo prontamente a jugar», y un delito contra la integridad moral.
A la salida, el abogado que ejerce la defensa de la única detenida, Esteban Hernández-Thiel, quien sí ha estado presente en ambas testificales, ha declinado detallar el contenido de las mismas y ha apelado al secreto de actuaciones que pesa sobre la causa «por el que la ley me obliga a reserva». «Tenemos la obligación de hacerlo así», ha dicho al ser preguntado sobre si el juez ha incidido en preguntas encaminadas a acreditar el delito contra la integridad moral. «DÍA DURO PARA TODOS»
Tras admitir que ha sido un «día duro para todos», ha demandado «respeto al dolor» de la familia del pequeño a través de la «mesura» y también a la administración de justicia en aras de que su patrocinada «pueda tener el juicio justo que toda persona se merece».
«Solamente cabe celebrar un juicio justo desde la serenidad y, aunque comprendo el dolor y la sensación social que hay, que es comprensible, solicito mesura en el caso para permitir que se imparta justicia con serenidad, que es la única manera en la que se puede ser justo», ha remarcado.
Hernández-Thiel ha afirmado, asimismo, desconocer qué diligencias ha ordenado el magistrado en el marco de la instrucción dado el secreto de sumario y ha señalado que su función de momento se limita a «asistir al investigado».
Por último, e interpelado sobre un eventual traslado de centro penitenciario de Ana Julia Quezada, ha trasladado que la «sensación y lo que sé es que su situación es de absoluta normalidad y que está recibiendo el trato habitual de cualquier centro penitenciario». TESTIFICAL DE LA ABUELA PATERNA
Los padres del Gabriel Cruz han remitido, además del comunicado, un collage fotográfico que realizaron con el pequeño en la pasada Navidad para felicitar las fiestas, con el que, según han dicho, esperan que «en el día de hoy» pueda «aliviar el dolor tanto como a nosotros». «Si pensamos en Gabriel, creo que él nos sonreiría y nos diría que hay que estar contentos», han señalado
Las declaraciones testificales se prolongarán este viernes, ya que el magistrado instructor ha citado también en calidad de testigo a la abuela paterna del menor de 84 años.
En su auto de ingreso en prisión, el magistrado Rafael Soriano sostiene que «resulta presuntamente incuestionable la participación» de Quezada en la muerte del menor y asegura que de su comportamiento «se infiere una malvada voluntad dirigida especialmente a asegurar la comisión del crimen».
Indica que, como parte de ese «macabro plan criminal», se intentó dotar de una coartada haciendo labores de pintura en la finca de Rodalquilar, en Níjar y que, además, «dio una falsa apariencia de preocupación por la desaparición y suerte del niño», al que se llevó «mediante engaño o promesa de devolverlo prontamente a jugar».
«Mantuvo el engaño a lo largo de los días, aumentándolo hasta el punto de colocar ella misma una camiseta del menor en el monte», subraya el juez, lo que achaca a su deseo de «despistar a los agentes de la autoridad que practicaban la búsqueda» hasta encontrar el «momento» de poder «hacer desaparecer el cuerpo».
El magistrado Rafael Soriano apunta que Ana Julia Quezada «aprovechó un momento temporal en que sabía que iba a estar a solas con el niño», al que mató asfixiándole, y destaca que enterró su cuerpo sin vida en un «hoyo que previamente había hecho con una pala» y luego quiso deshacerse del cadáver en un invernadero de acuerdo a las escuchas acordadas por el juzgado instructor y cuyo contenido está en una pieza separada.
«Las pruebas revelan, presuntamente, una falta de sentimientos y humanidad que ella misma ha calificado, que, de ser ciertas, serían de pura crueldad», concluye para remarcar las «abrumadoras pruebas contra ella» no solo «porque ella misma ha reconocido el luctuoso suceso» sino también por las intervenciones acordadas judicialmente y a las pruebas recopiladas por los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.
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