Así lo ha dado a conocer este jueves 27 de diciembre AMI, que ha indicado que se ha personado en calidad de acusador popular por vulneración del derecho de información y la libertad de prensa.
En este sentido, ha recordado que la querella, planteada inicialmente por ambos medios y los dos periodistas afectados, se presentó por los presuntos delitos de prevaricación judicial, contra la inviolabilidad de domicilio y contra el ejercicio del derecho al secreto profesional del periodista, y fue admitida a trámite el pasado 18 de diciembre por el Tribunal Superior de Justicia de Baleares.
En este contexto, la Asociación de Medios de Información, de la que forman parte tanto Europa Press como Diario de Mallorca, ha explicado que considera que los registros y la incautación de material han supuesto «un ataque contra el derecho a la información, un derecho fundamental recogido en la Constitución española».
Según ha señalado AMI, estas acciones judiciales se enmarcan en su compromiso con «la libertad de prensa, necesaria para el buen funcionamiento democrático» y ha recordado a las autoridades policiales o judiciales que «no se puede coaccionar a los profesionales de la información en el ejercicio de sus funciones, a los que les ampara el derecho de protección de sus fuentes».
También considera necesario recordárselo a la Fiscal General del Estado, «ante la insólita e incomprensible nota de prensa hecha pública por la Fiscalía Anticorrupción sobre las medidas acordadas, que ahora tratan de presentarse como recogida de efectos del delito, excusa que supone un claro insulto a toda la profesión periodística».
Por su parte, la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) califica de «un primer paso positivo» la orden dada por el juez Florit, para que se devuelva el material incautado, al mismo tiempo que respalda la solicitud de los informadores de que se les comunique por escrito si se ha realizado o no cualquier «apertura, examen, inspección, registro, copia o manipulación» de los mismos.
Aunque el material incautado sea devuelto a los periodistas, tanto la FAPE como su asociada APIB consideran que «la orden judicial ha causado ya un grave daño al derecho al secreto profesional, base de las relaciones entre los periodistas y las fuentes».
Así, ha insistido en que «el secreto profesional no solo es un derecho constitucional fundamental de los periodistas sino que es un deber que les obliga a mantener la confidencialidad de sus fuentes.
«Sin el secreto profesional, muchos de los casos de corrupción y abusos de poder ocurridos en nuestro país nunca hubieran sido conocidos por los ciudadanos y eso fue posible gracias al trabajo de los periodistas, en cumplimiento de su función democrática de difundir información veraz y de interés general», ha concluido.
Sin comentarios
Para comentar es necesario estar registrado en Ultima Hora
De momento no hay comentarios.