Los padres de Paula Fornés, la menor atropellada mortalmente por una conductora ebria en sa Ràpita, este miércoles durante una ruedas de prensa en la plaza de España de Palma. | Alejandro Sepúlveda

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Los padres de Paula Fornés, la menor atropellada mortalmente por una conductora ebria en sa Ràpita, acompañados por los familiares de dos fallecidos en Ibiza en situación similar a la de la joven mallorquina y otras dos de Madrid que no han podido desplazarse a las Islas. El portavoz, el padrino de Paula, ha valorado este miércoles en la Plaza España de Palma la reforma del Código Penal que agrava las penas relacionadas con las imprudencias al volante y accidentes de tráfico, incluyendo nuevos delitos como darse a la fuga en el lugar de un siniestro. La familia de la joven recogió más de 300.000 firmas solicitando estos cambios en las leyes.

La familia de la joven mallorquina ha manifestado que están «contentos con el endurecimiento de las penas, pero ahora toca luchar por la prevención». En este sentido, han adelantado que el próximo mes acudirán al Parlamento europeo para pedir prevención mediante la instalación de un sistema que detecte si el conductor ha bebido alcohol y, si es el caso, impedir que pueda conducir. Para ello inician una nueva recogida de firmas en busca de adhesiones por todo el país, tal y como ocurrió en su lucha para endurecer las penas, en la web change.org.

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El accidente que provocó el fallecimiento de Paula Fornés tuvo lugar el 24 de junio sobre las dos menos veinte de la madrugada. Renata G. conducía bebida el Skoda Fabia de su marido por la avenida Miramar. A la altura del número 117, perdió el control del vehículo, se salió de la carretera e invadió el carril bici embistiendo a un grupo de seis menores. Paula, de tan solo de 15 años de edad, murió en el acto.

La Fiscalía, tal y como adelantó en exclusiva Ultima Hora, solicita una condena de cinco años de cárcel para la conductora. El representante del ministerio fiscal reclama cuatro años por un delito de homicidio imprudente y uno por falsedad en documento. La acusación pública también pide que se le imponga una multa de 29 meses a razón de seis euros diarios.