Miguel Pascual Bibiloni, a su llegada a la Audiencia de Palma. | Alejandro Sepúlveda

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El silencio de dos testigos protegidas provoca la absolución del empresario Miguel Pascual de delitos de abusos sexuales y de prostitución por los que se le reclamaban 28 años de cárcel. La Audiencia Provincial ha dictado una sentencia en la que exculpa al acusado por falta de pruebas e impone una multa de 200 euros a las dos testigos que se negaron a declarar. Además, remite lo ocurrido a Fiscalía por si ambas cometieron un posible delito de desobediencia.

La sentencia señala que Pascual era propietario de dos clubes en s'Arenal en los que se ejercía la prostitución y que mantenía relaciones con las mujeres que en ellos trabajaban. Sin embargo, sin la declaración de las testigos no hay prueba de que estas fueran forzosas o que las mujeres estuvieran allí a la fuerza. Las dos mujeres que se negaron a declarar en la primera sesión del juicio sí habían respondido durante la instrucción, pero en ese momento la causa estaba bajo secreto y no pudieron ser interrogadas por la defensa, lo que motiva que esas declaraciones no sirvan en el juicio.

La sentencia recuerda que las dos testigos ejercían la acusación particular y solicitaban elevadas penas de cárcel. Además acudieron protegidas por la policía a la Audiencia y declararon a través de una videoconferencia, de forma que se garantizaba su anonimato. La resolución recuerda que se les insistió para que declararan, se les dejó hablar con su abogado y que fueron vistas por una forense que señaló que estaban en condiciones de responder: «De haber recibido amenazas, creemos que su representación letrada o ellas mismas habrían mostrado el contenido de los mensajes», señala. Las testigos fueron vistas mirando de forma reiterada el móvil, pero enseñaron lo que había en ellos. Así, el resto de la prueba no es suficiente para condenar ya que se basaba en declaraciones de policías que no presenciaron los hechos.

Propiedad de los clubes

Pascual negaba ser él el dueño de los dos locales. Sin embargo, la sentencia sí lo da por probado porque él mismo lo confirmó en el turno de última palabra al negar que se obligara a una de las trabajadoras a pagarse la Seguridad Social ella misma. El empresario fue detenido en una de las primeras fases de la investigación por corrupción en la policía local y tiene abierta una pieza separada, la misma en la que están encuadrados políticos como Álvaro Gijón y José María Rodríguez. Es una de las partes más retrasadas de esa instrucción.