La madame declaró en más de diez ocasiones ante el juez y los agentes de Blanqueo. | Alejandro Sepúlveda

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El burdel de la madame donde políticos y policías se mezclaban en orgías salvajes pagadas por el empresario Bartolomé Cursach no existió. Nada de lo que dijo la testigo protegida 31 era cierto y el juez Penalva, el fiscal Miguel Ángel Subirán y los policías del Grupo de Blanqueo lo sabían. Pese a todo, siguieron adelante.

Esta es una de las conclusiones a las que llegan los dos últimos informes policiales en torno a las irregularidades en la instrucción del ‘caso Cursach'. Más allá de los WhatsApp, los inspectores presentan pruebas de datos inventados en un documento que pone encima de la mesa que toda la macroinvestigación está sustentada en declaraciones falsas o obtenidas bajo coacción «en pavorosa unidad de acción» de testigos mentirosos, agentes de policía, el juez y el fiscal.

La investigación reconstruye los pasado que siguieron a la irrupción de la madame en la causa y cómo el juez y el fiscal intentaban apuntalar con más indicios dudosos y con las denuncias por supuestas agresiones un relato que se resquebrajaba por su falsedad. El ejemplo más claro es la constatación de que en la calle Lluís Martí no existió el burdel durante el tiempo que dijo la madame (2014 a 2016) y que la agenda que aportó al juzgado está manipulada. Los policías de Blanqueo, Penalva y Subirán habían hablado con el dueño del piso que desmontó de inicio el relato de la madame. Ni siquiera se llegó a incorporar esa declaración al sumario y se mantuvo oculta hasta ahora.

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En una causa que se basa sólo en testimonios, los inspectores afirman que o bien se coaccionaba y amenazaba a quien declaraba para que dijera lo que el juez y el fiscal querían o bien se aprovecharon de «personas con intereses propios, sin escrúpulos que no habrían dudado, avalados y respaldados por los investigadores en acusar de la forma más temeraria posible a múltiples personas».

Uno de los primeros episodios en torno a la madame fue la denuncia por parte de ésta de que había sido golpeada por dos sicarios a sueldo de Cursach. Los inspectores se encontraron con que, en realidad, esas heridas se las produjo en un accidente doméstico, «ha podido acreditarse sin lugar a dudas que nunca existió agresión». Esas denuncias se convirtieron en «la columna vertebral» de la causa: «Si hay pruebas dudosas o pocas pruebas, pero hay agresiones y amenazas es porque detrás existe una mafia».

Cualquier revés en la investigación se achacaba a la existencia de esa supuesta mafia y se empleaba para reafirmar la tesis. Si un testigo se retractaba, es que estaba coaccionado, «llegaba un momento en que era prácticamente imposible saber qué era cierto y qué no». Los testigos más cuestionados eran «blindados de forma que nadie pudiera atacarlos o contradecirlos».