Las defensas plantean como alternativa una repetición de la instrucción con un juez imparcial ante las sospechas por la actuación de Penalva y Subirán. | Alejandro Sepúlveda

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Las defensas del grueso de los investigados en el ‘caso Cursach' han planteado una batería de recursos contra los dos últimos autos del juez Enrique Morell que iniciaban los trámites para llevar a juicio los principales hechos investigados en torno al empresario y a policías y mandos de la Policía Local. Una petición en la que coinciden varias de las defensas es en que se detenga la tramitación hasta que haya avanzado la investigación en torno al juez Manuel Penalva y el fiscal Miguel Ángel Subirán. Entienden que, de lo que se investiga en esa pieza por otra juez diferente, pueden derivar elementos que anulen o contradigan los datos manejados por Morell en sus dos autos de mediados de diciembre.

Así, por ejemplo, la defensa del supuesto ‘número dos' de la trama, Bartolomé Sbert, plantea que las revelaciones en torno a la madame y a otros testigos vacían la acusaciones en su contra. También alude este recurso a que las sospechas de que el juez, el fiscal y los agentes del Grupo de Blanqueo aleccionaban a testigos para que declararan en determinado sentido obligan a realizar de nuevo toda la instrucción antes de poder plantear que siga el procedimiento penal.

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Recusado

En una línea similar, el letrado Miquel Arbona, que representa al director de Tito's, Jaime Lladó, ha presentado un recurso en el que plantea que el hecho de que el grueso de la instrucción fuera realizada por un juez posteriormente recusado -Penalva- puede suponer una nulidad radical. Señala que, parte del sumario de los GAL fue validado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos sólo porque se repitieron pruebas que había llevado a cabo el juez Baltasar Garzón, que había sido recusado. Ese antecedente obligaría a repetir interrogatorios.

Otro grupo de recursos plantean una mayor claridad en los hechos que se imputa a cada uno de los encausados y cuál es la fuente de prueba de la que derivan. Así, la defensa del exjefe Joan Miquel Mut, ejercida por el letrado Jaime Campaner, pide que se especifique qué empresarios habría supuestamente pagado sobornos a este mando policial y en qué ocasión. La principal declaración en este sentido proviene de la madame y esos hechos han sido negados por los dos últimos informes policiales que constan en las actuaciones. En una línea similar, otras defensas, cuestionan que los actuales indicios permitan llevar a juicio las fiestas de Tito's.