El suceso se remonta a 2014. El procesado accedió a un edificio de la calle Roselló y tras forzar la cerradura de las puertas entró a siete pisos que en ese momento se encontraban deshabitados. Una vez en el interior se hizo con todo el cableado eléctrico, el de cobre del ascensor, el de telefonía, los contadores del agua y la grifería de todas las viviendas.
El acusado, defendido por el letrado Rafael Llompart, tendrá que abonar 20.000 euros en concepto de responsabilidad civil por lo sustraído antes de dos años. La pena de prisión quedó suspendida con la condición de no volver a delinquir, el pago de dicha cantidad y la realización de 60 días de trabajos comunitarios.
1 comentario
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Bueno, bonito y barata, justicia de saldo para lo que no sea disidencia política o tocar la casta, ah, que de eso ya no se habla, que Iglesias y señora ya lo son.