Ante el aumento de viviendas okupadas y la dificultad del proceso de desalojo, en julio de 2018 entró en vigor la Ley 5/2018 que modificaba la Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil. Esta ley de desahucio exprés planteaba ciertas modificaciones e incluía novedades para agilizar el procedimiento de desahucio a los propietarios de viviendas, entidades sin ánimo de lucro o entidades públicas propietarias o poseedoras legítimas de vivienda social. No incluye, sin embargo, a entidades financieras en posesión de casas vacías que hayan sido okupadas.
El objetivo de esta normativa es agilizar el desahucio mediante la vía civil, sin necesidad de recurrir al ámbito penal por delito de usurpación, un proceso más lento y costoso. En este caso, el propietario tiene que presentar una demanda de recuperación inmediata de la vivienda aunque los okupantes no estén identificados.
Esto hace que necesite menos tiempo y sea más económico. Los okupantes tienen un plazo de cinco días para justificar la posesión de la vivienda y, si esto no sucede, el juzgado correspondiente ordenará la entrega inmediata al demandante. Esto presenta ciertos problemas, ya que los okupas suelen presentar títulos falsificados (como un contrato de alquiler) para permanecer en la vivienda, por lo que en ocasiones la entrega puede demorarse.
Así, desde que se presenta la demanda por lo civil, se abre un plazo aproximado de 30 días para recuperar el piso. Esto depende en gran medida de los problemas que puedan darse durante este proceso y en algunos casos puede aplazarse unos meses.
12 comentarios
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no perder tiempo, los propietarios deben EXIGIR que la ley cambie, o entonces que los propietarios se niegan TODOS a pagar el IBI.
Mierda de sistema. El día que encuentre mi piso okupado no voy a responder de mis actos. Si quieren, que luego me mantengan unos añitos en el hotel de dos estrellas de la carretera de Sóller.
Solo España deja libertad a los ocupas, ocupas con derechos y el que paga la casa sin derechos a su casa, señores políticos cambien esto urgentemente
No hay que distinguir entre okupas por necesidad y ocuparse más profesionales. todos están cometiendo un delito. todos están ardiendo la propiedad privada de alguien. todos deben estar en el mismo saco lo único qu no por ser vulnerable puedes e a las mafias hay que meterlos en la cárcel y a los otros hay que darles una vivienda pero que se la de la administración, no por ser vulnerable puedes hacer vulnerable a otro. Y lo del justicia por la justicia paz de porque las de los bancos no tienen los mismos derechos que las de un particular. Es injusto para los bancos.
Que tengamos derecho a algo no significa que nos lo tengan que regalar o que podamos privar a otro de su derecho.
Deberían echarlos el mismo día.
Yo distinguiría dos tipos de ocupación: la gente honrada que pasa por un mal momento y necesitan un techo, y los parásitos profesionales o mafias, que no debieran tener el mismo trato de favor, sino unas acciones contundentes que disuadan a otros que pretendieran hacer lo mismo.
Creo que los políticos no pueden (o no quieren) hacer nada para solucionar el problema de los okupas porque la Consttución dice que todos los españoles tienen derecho a una vivienda digna y adecuada. Convendría que se modificase la Carta Magna para algo así que afecta a millones de españoles que tienen una vivienda en propiedad o pagan religiosamente un alquiler o hipoteca, más que para definir la forma de Estado y cosas por el estilo.
Y también hay que pagarles la luz y el agua. Por favor Sres. Políticos cambien esta ley absurda e intolerable. No hay ingreso de alquiler en cuenta del propietario, que los Agentes de la autoridad los saquen a la calle de inmediato. Y si hay menores que pase su tutela a la entidad pública competente.
Estas leyes se mofan de todos nosotros. habría que sacar a patadas a todos los políticos responsables de que esto suceda. Que trabajen para nosotros de una vez por todas y dejen de hacer perder el tiempo a la gente y protejan de una vez por todas la propiedad privada, sinó que se eliminen registros de la propiedad y notarias, que por lo visto solo sirven para provocar grandes gastos sin garantizar nada.