Intrusismo profesional

Los tres acusados, durante una de las sesiones del juicio celebrado a finales de noviembre en una sala del Juzgado de lo Penal número 6 de Palma. | Guillermo Esteban

Guillermo EstebanPalma19/01/21 11:03
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Los propietarios del Centro Policlínico Quirúrgico de Palma han sido condenados a una multa de 6.480 euros cada uno por emplear a una falsa enfermera en 2011. La trabajadora también ha sido sentenciada a la misma multa por dos delitos de intrusismo profesional. La jueza, además, impone a la dueña de la clínica y a la empleada de confianza una pena de cinco meses de prisión a cada una por presionar y amenazar a un trabajador para que realizara labores que no le correspondían.

La sentencia recoge que los dos propietarios del Centro Policlínico Quirúrgico se encargaban personalmente de su gestión. Una trabajadora de confianza fue contratada en 2011 por los dos acusados, quienes sabían que carecía de titulación académica para trabajar como enfermera o auxiliar de enfermería, así como de técnico superior de imagen para el diagnóstico.

Pese a ello, la mujer, con el conocimiento y consentimiento de los dueños del centro, realizó labores de enfermera entre enero de 2012 y marzo de 2017. La empleada realizaba extracciones sanguíneas, curas, colocación de vías y tareas de auxilio en quirófano.

Asimismo, y pese a que no tenía ninguna titulación académica para actuar como técnico superior de imagen para el diagnóstico, ni operador de rayos, llevó a cabo placas de radiografía.

Presiones
La jueza también indica en el fallo que la propietaria de la clínica y la trabajadora de confianza presionaron a un hombre contratado en 2016 como Técnico Superior en Imagen para Diagnóstico con frases como «es una empresa pequeña y todo el mundo tiene que hacer de todo» e incluso le amenazaron con el despido si se negaba a ello. No consta que el empleado tuviera participación en los hechos.

La sentencia añade que no ha quedado acreditado que los dueños del centro presionaran a otros empleados y permitieran que algunos trabajadores sin titulación realizaran actuaciones y funciones de enfermería entre 2012 y 2017.

La Fiscalía pedía una condena de seis años de cárcel para cada uno de los propietarios del centro clínico de Palma por dos delitos de intrusismo y uno continuado de coacciones.