La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Palma ha retomado este martes el juicio al clan de 'Los Pelúos', en el que dos de los 23 acusados se han declarado inocentes.
Todos ellos se enfrentan a penas que suman más de 104 años de prisión por, supuestamente, aprovecharse de viviendas desocupadas, manipular sus cerraduras, acondicionarlas y, posteriormente, alquilarlas de manera irregular.
A estas personas se les acusa también de un delito de coacción, tenencia ilícita de armas, defraudación del fluido eléctrico y del agua y usurpación de la vivienda.
En la segunda sesión del juicio, celebrada este martes, sólo dos de ellos han querido declarar. El primero, según el escrito del fiscal, está acusado de arrendar las viviendas una vez éstas habían sido adecentadas. No obstante, ha negado los hechos y ha asegurado no tener ningún tipo de relación con los componentes del clan.
El segundo, hermano de otros dos acusados, ha negado formar parte de 'Los Peludos' y ha confesado que lleva más de 15 años sin tener relación con su familia por asuntos personales. A ésta persona se le acusa de romper las puertas y las cerraduras, acceder a las viviendas y, posteriormente, acondicionarlas.
Los hechos ocurrieron entre octubre de 2013 y mayo de 2014, cuando los 23 acusados supuestamente se encargaban de usurpar estos pisos, localizados principalmente en la zona de Son Gotleu, aunque también en la Soledad, Cala Mayor, Polígono de Levante y el Arenal de Palma, siendo la mayoría de ellos propiedad de entidades bancarias.
Al parecer, los acusados alquilaban ilegalmente estas viviendas a terceras personas vulnerables, como migrantes, con recursos limitados e incluso menores de edad que, por razones de necesidad, aceptaban el alquiler sin sospechar que las personas que lo ofrecían no eran las propietarias.
Asimismo, el escrito de la Fiscalía apunta a que, cuando los arrendatarios no pagaban o cuestionaban la titularidad de los pisos, los acusados procedían entonces a amenazarles de forma violenta.
Además, en dichos contratos falsos, presuntamente incluían el precio del agua y la electricidad, que adquirían irregularmente mediante enganches ilegales.
En los registros llevados a cabo por la policía de los distintos domicilios, el fiscal asegura que se intervinieron varias armas, como katanas, pistolas, cadenas o cuchillos, así como un total de diez vehículos y otros objetos sospechosos.
Cada uno de los 23 acusados tenía un papel concreto dentro de la supuesta organización. Para todos ellos se piden penas concretas que suman hasta 104 años y medio de prisión.
2 comentarios
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7 años para llegar a juicio... Mientras que, en Francia, por saludar con una caricia a Macron, al héroe local Damien Tarel le juzgaron tras 48 horas. Todo depende del interés que se le ponga.
Yo creo que los únicos culpables somos nosotros ya que ellos al parecer no han hecho nada. Y es que somos muy malos, siempre queriendo perjudicarlos.