Agentes de la Unidad de Delincuencia Económica, al frente de la investigación. | Teresa Ayuga

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Agentes del Grupo de Delincuencia Económica y Delitos Tecnológicos de la Policía Nacional se han hecho cargo de la investigación de la supuesta estafa de una inmobiliaria de Portals, en Calvià, a unos clientes cuyo importe asciende a los 300.000 euros. Según fuentes próximas al caso, a las que ha tenido acceso Ultima Hora, a principios de 2021, un matrimonio extranjero que residía con su familia en Hong Kong decidió fijar su residencia en Mallorca. Por ese motivo, se pusieron en contacto con una inmobiliaria de Portals al objeto de adquirir un chalet de alto standing que tenían publicitado en su página web. El 17 de mayo de 2021, el denunciante formalizó un contrato de compraventa online con los ahora denunciados, teniendo el mismo por objeto la compra de un inmueble sito en Alcúdia.

Dentro de ese acuerdo se solicitaba a los compradores el pago de dos depósitos por importe de 62.500 euros cada uno, los cuales se efectuaron los días 17 y 26 de mayo en la cuenta de la inmobiliaria. En concepto de depósito, se transfirió un total de 125.000 euros. El contrato fue redactado y enviado por un abogado de Palma que también está siendo investigado. Tras pasar varias semanas y después de múltiples intentos por contactar con los denunciados, los compradores sospecharon que habían sido estafados. El dinero había desaparecido. El día 5 de agosto, el letrado de la inmobiliaria informó que el contrato de compraventa jamás fue autorizado por el propietario y que la firma que consta en el mismo era de un empleado de la inmobiliaria. Ante esta situación, engañados y estafados, el matrimonio decidió viajar a España.

Entrevista

Una vez aquí, se entrevistaron con el agente inmobiliario, que les dice que resolverán la situación alegando que es cierto que el propietario del inmueble no había firmado y que no podían hablar con él porque tiene problemas mentales. El 31 de agosto, tras la insistencia de los compradores en aclarar la situación, los denunciados dicen que les devolverán el dinero del depósito que había realizado con una bonificación por los daños y perjuicios. La cantidad que se estipula es de 250.000 euros. Todo ello, con la condición de no denunciarles ante la policía.

Al no llegar nunca la devolución, los dueños de la inmobiliaria comienzan a poner excusas de todo tipo. «El dinero está enviado desde Suiza y hay un problema con España, pero el dinero está en camino...» Todo ello por escrito. El 27 de septiembre, el abogado de los acusados redacta un reconocimiento de deuda de 300.000 euros. Finalmente, el matrimonio logró contactar con los verdaderos propietarios del inmueble. Este hombre, ajeno a todo, confirmó que jamás había firmado ningún contrato ni autorizado ninguna compraventa. Acto seguido, el matrimonio afectado, con su abogado Eduardo Luna al frente, interpuso la pertinente denuncia. Ahora, la Policía Nacional y también la Interpol tratan de rastrear el dinero y buscan otras posibles víctimas de estos presuntos estafadores.