La jueza Elena Fernández Currás ha rechazado los problemas formales respecto a la personación de Abogacía del Estado en el juicio por el accidente del Alvia que han planteado varias partes al arranque del proceso. En concreto, han sido el abogado de la plataforma de víctimas, Manuel Alonso Ferrezuelo, y el que defiende al maquinista, que es uno de los acusados junto a un exalto cargo de Adif, los que han señalado que no existe denuncia formal por los daños en la vía que ocasionó el siniestro.
Además, en el apartado de cuestiones previas con que arranca este macrojuicio, Manuel Prieto, el letrado de Francisco Garzón, que conducía el tren aquel día, ha denunciado «conflicto de intereses» en la Abogacía del Estado, por convenios que tiene firmados tanto con Adif como con Renfe. Inicialmente, la jueza ya ha criticado que «no han dicho nada --sobre este extremo-- en juzgado de instrucción», toda vez que «la causa viene formada de instrucción», tras más de nueve años de investigación.
La tragedia sucedió en 2013 y murieron 80 personas. «Adif nunca ha presentado denuncia por delito de daños en toda la instrucción, no existe denuncia. Y exige denuncia expresa. En todo el procedimiento ha estado como responsabilidad civil subsidiario», ha destacado Prieto. Además, ha hecho referencia al auto que imputaba únicamente los delitos de homicidio y lesiones, «exclusivamente», para añadir que, a su juicio, «la Fiscalía de oficio no puede intervenir si no existe denuncia del agraviado».
«Entendemos que esto nos podría llevar a una nulidad de actuaciones», ha añadido. Asimismo, ha apuntado al «conflicto de intereses clarísimo con Renfe», porque Adif como entidad pública empresarial tiene firmado un convenio con la Abogacía del Estado, pero «en los mismos términos Renfe tiene firmado ese convenio». «La cláusula tercera de ambos convenios determina que cuando Abogacía del Estado tiene que ir en contra de otra empresa como Renfe se debe abstener», ha incidido.
En su turno, el representante de Abogacía del Estado se ha mostrado en «completo desacuerdo» con estas cuestiones y ha dicho que el personamiento de la abogacía hay que entenderlo «en concepto de perjudicado». La «doble posición» de acusación y responsable civil «está resuelta en jurisprudencia», ha agregado, antes de admitir que sí hubo «posiciones titubeantes en los años 90» sobre este asunto, pero ahora «se admite».
Por su parte, el fiscal, Mario Piñeiro, ha dicho, sobre que no haya «denuncia formal», que existe «la mera manifestación del perjudicado manifestándose de que quiera ser resarcido», por lo que entiende que «no hay duda» y «se cumple el requisito». A mayores, ha asegurado que no existe «el mayor atisbo de indefensión ni nulidad» por parte del acusado Francisco Garzón, a lo que se ha sumado la jueza, «de acuerdo con el Ministerio Fiscal». "Son conocidos por los acusados los hechos.
Especialmente desde el primer momento por Garzón, los hechos por los que declaraba como imputado. Hubo un accidente con descarrilo y con unas consecuencias lesivas y dañosas. No hace falta hacer calificaciones sobre delitos. El personamiento formal de Adif en la causa no sé si su escrito se menciona responsable civil o subsidiario u otra condición pero obviamente intervino en el procedimiento y desde el primer auto de conclusión de la instrucción en 2015 (...) ya se mencionó ahí los daños a la infraestructura", ha resuelto.
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