'El Ico' admite que su local incumplía: «Lo único que he hecho en mi vida es vender droga»

El Cavalli tenía un decreto de cierre previo a que 'El Ico' se hiciera con él mediante un traspaso. Más tarde fue precintado otra vez por exceder los niveles de ruido. El testigo asegura que acudió al Ajuntament junto con la persona que se lo había traspasado. Fueron al departamento de actividades: «Le di los 5.000 euros al señor este, al que daba las licencias y el que era el dueño de la discoteca me dijo que podía abrir perfectamente». Retiró el precinto tras pagar la sanción pero admite que no hizo ninguna obra ni intervención para solucionar las deficiencias. «Un chico que tenía arriba me dijo que habían subido los municipales y me habían puesto un sonómetro aunque estaba todo perfecto». La nueva medición volvió a acreditar que superaba los niveles de ruido permitidos y el local fue cerrado definitivamente. «Había que hacerse una obra y tapar no se qué», admitió. «Yo no sabía que estaba mal insonorizado. Qué voy a saber yo de insonorización si no se qué es un arquitecto. A mí cuando me lo dan, me lo dieron con todas las garantías del mundo».

A preguntas de una abogada defensora, señaló el cliente de esta: «Es uno de los que venía a la discoteca a controlar, a pegar mordiditas de los aforos. Si entraban cien personas más era para los municipales. Ellos venían con un tiquetero, para contar y si metía a más eran para ellos». El tribunal le pidió aclaraciones y señaló que pagaba a policías para poder incumplir aforos, si bien no pudo identificar a quiénes: «Me lío con los apellidos».

El testigo, imputado por falso testimonio en el TSJIB negó que durante la instrucción le dijeran a qué policías tenía que señalar. Antes que el hijo de 'La Paca' testificó un agente de la Policía Local que señaló que desaparecían actas que levantaba en Platja de Palma contra tiqueteros del Grupo Cursach. Es el segundo agente que declara en este mismo sentido: levantaban las sanciones y las depositaban en un cajetín en dependencias policiales. De allí desaparecían. Sin embargo, afirma que no pude señalar a ninguna persona por llevárselas más allá de suposiciones.

Otra testigo, también agente de la Policía Local, negó que los controles contra botellones se hicieran para beneficiar de forma específica a Cursach. «Se hacían en las zonas en las que había más gente», justificó en referencia a determinadas zonas de la Platja de Palma". La cuarta persona que compareció, desmintió a una de las acusaciones particulares. Era clienta de uno de los establecimientos que reclama cientos de miles de euros en el juicio, sa Trobada. El dueño de este bar declaró que esta mujer, cliente del establecimiento le fue a ver durante un control policial y le dijo que un agente le había manifestado que podían poner droga en el local para clausurarlo. La testigo afirma no haber estado nunca en ese local durante una inspección policial.