El acusado, este miércoles, en el juicio celebrado en una sala del Juzgado de lo Penal número 2 de Palma. | G.E.

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El joven que alertó de una falsa amenaza de bomba en la sede del Partido Popular de Palma fue condenado este miércoles al pago de una multa de 1.080 euros. El acusado, de 23 años de edad y nacionalidad española, se declaró en el juicio autor de un delito de desórdenes públicos y deberá indemnizar al PP con 2.000 euros y a la Policía Nacional en la cantidad que se determine en sentencia. El procesado reconoció que a las 16.22 horas del 23 de mayo de 2022 llamó al teléfono de emergencias 012 alertando que había una bomba en la sede del Partido Popular en Palma.

La llamada duró siete minutos y 27 segundos, según recoge la Fiscalía en su escrito. El joven hablaba en mallorquín con un tono agresivo y decía de forma reiterada a la operadora que utilizara todos los medios de emergencias, como policías, bomberos, ambulancias y artificieros porque sabía que iban a poner una bomba en el inmueble del PP situado en el número 10 de la calle Palau Reial de Palma.

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Despliegue

El acusado decía que no podía decir quién la iba a poner, que sólo avisaba porque, según él, el Partido Popular había robado mucho dinero y que iban a poner el artefacto explosivo para que no robaran más. La operadora le interrumpía, pero el joven la cortaba y repetía lo mismo una y otra vez. A consecuencia de esta llamada, numerosas unidades de la Policía Nacional se desplazaron de forma urgente a la sede de la agrupación política alrededor de las 16.45 horas. Los agentes acordonaron la zona y desalojaron el edificio tras la supuesta amenaza de bomba. Efectivos del Grupo I de Policía de la Brigada Provincial de Información y Técnicos Especialistas en Desactivación de Artefactos Explosivos (TEDAX) junto con guías Caninos también se movilizaron por la falsa alerta del acusado. El resultado fue negativo y el servicio se dio por concluido a las seis de la tarde.

Desórdenes públicos

La Fiscalía reclamaba al principio del proceso judicial una condena de un año de prisión para el joven por un delito de desórdenes públicos. La representante del Ministerio Público rebajó su petición, ayer, a una multa de 1.080 euros tras llegar a un acuerdo con su abogado defensor y con el letrado del Partido Popular Eduardo Luna.

El apunte

El joven decía en la llamada que «tenía que haber más justicieros»

La Policía Nacional se entrevistó con la operadora del centro del 012, que atiende llamadas de información general para usuarios y que depende de varias consellerias del Govern balear. La mujer explicó que el joven no le dio opción a que le pasara la llamada al 112 y que le dijo que «tenía que haber más justicieros».