El artista, detenido el pasado jueves tras actuar en Alicante, salió ayer en libertad provisional sin fianza tras comparecer ante el juez de guardia por un delito contra la salud pública y atentado a la autoridad. Se le detuvo en el marco de la investigación abierta a raíz de una denuncia interpuesta el pasado mes de julio por vecinos del inmueble por presunta venta de droga en su piso.
Tras la denuncia, el juez de Instrucción número 27 de Madrid acordó el pasado 16 de septiembre abrir diligencias y oficiar a la Policía para esclarecer los hechos. Tras ello, comenzaron el pasado mes de agosto las vigilancias sobre el piso del artista, donde se observaron a diario a toxicómanos entrar y salir de forma apresurada. El abogado de Rafael Amargo, el letrado Jaime Caballero, sostiene que hay «una persecución» contra su cliente y cree que la fecha en la que se le ha detenido no es «casual», a dos meses de que sea juzgado por la denominada Operación Codax.
Amargo ya fue detenido el 1 de diciembre de 2020 junto a su pareja y otras dos personas por hechos similares. El juicio por esta causa se celebrará el próximo mes de junio por la presunta comisión de un delito contra la salud pública. El fiscal solicita 9 años de cárcel por presuntamente vender en su propio domicilio de sustancias estupefacientes a terceras personas de manera «persistente» a cambio de dinero.
No es ningún narcotraficante
Caballero niega de forma tajante que el artista sea «un narcotraficante» de drogas y defiende que las sustancias que se le hayan podido incautar eran para consumo personal al ser una persona drogodependiente, una adicción de la que se está intentando rehabilitar desde hace tiempo.
Rafael Amargo se habría mudado del piso de Espíritu Santo el pasado mes de septiembre al no poder pagar el segundo plazo que debía al propietario, vecino del inmueble. En el atestado policial, constan vigilancias policiales posteriores a la fecha en la que había dejado el edificio. En esa época, habría invertido todos sus ingresos en una producción que falló al no llegar a estrenarse la obra. Tuvo que abandonar el piso y se fue a vivir con sus padres y de forma ocasional a casas de amigos, pero nunca a pisos turísticos al no tener dinero para ello.
Al parecer, el impago del segundo plazo de la vivienda, cuyo propietario era un vecino, sería el origen de las rencillas que derivó en la denuncia que propició las investigaciones. Los vecinos de la comunidad culpaban a Rafael Amargo del trapicheo de drogas que tiene lugar en las proximidades del número 22 de la calle Espíritu Santo. Sin embargo, la versión de la defensa es que la zona estaría llena de camellos en las aceras y los drogadictos se meterían en el portal, una situación que lleva años y que los residentes del edificio conocen.
Vigilancias
Según el atestado, los agentes comprobaron fruto de las vigilancias que de manera constante «accedían al interior del inmueble diversidad de personas con aspecto de toxicómanos, los cuales, tras permanecer unos minutos en el interior, abandonaban el mismo». «De los hechos expuestos existen indicios suficientes que llevaban a creer que en el domicilio del denunciado se pudieran estar llevando a cabo venta de sustancias estupefacientes», recalcan las diligencias policiales.
Los agentes de la Policía Nacional encargados de la investigación determinaron que era el propio Rafael Amargo «el que personalmente estaría llevando la distribución» de las sustancias, actuando de intermediario. Según el atestado, «el comprador contactaría con el investigado, el cual a su vez solicitaría la sustancia estupefaciente a un tercero que llevaría la droga al domicilio del investigado donde el propio Rafael se la entregaría al comprador, dando parte del beneficio obtenido al proveedor y quedándose él con una partida como comisión».
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