La familia de Alejandro Jiménez Cruz, que perdió la vida en 2019 en este incidente, pide para el presunto autor del disparo 34 años de cárcel, la pérdida del uniforme militar y una indemnización para los progenitores que alcanza los tres millones de euros y de 300.000 euros para las abuelas materna y paterna de la víctima.
Por su parte, la fiscalía pide penas que suman siete años y cinco meses de prisión por un delito contra la eficacia del servicio, dos delitos de abuso de autoridad y uno de obstrucción a la justicia. El abogado de la acusación particular, Alfonso Nieto, del despacho Dunn'e Abogados, que ha representado a los progenitores y a las abuelas materna y paterna del legionario abatido, en una conversación con EFE, ha apuntado que espera que la sentencia «sea condenatoria» para todos los procesados, aunque ha señalado que lo más probable es que el caso termine llegando al Tribunal Supremo.
En su declaración el pasado 14 de febrero ante la juez militar togada en el Tribunal Militar Territorial Segundo, con sede en Sevilla, el sargento Guil Pérez no aceptó las penas que tanto la fiscalía como las acusaciones particulares han pedido, y ha mantenido que la decisión de establecer un «nuevo objetivo» una vez finalizado el ejercicio fue «improvisada» y que no recibió órdenes de sus superiores para que tuviera lugar.
Por su parte, el capitán Cabello Rodríguez, al mando de la 6ª Compañía de la VII Bandera del Tercio de Don Juan de Austria en el momento del incidente, insistió durante su declaración en la tesis de que el disparo que acabó con su vida del joven legionario fue «un rebote».
Cabello, al que se le imputan delitos de deslealtad, abuso de poder y obstrucción a la justicia, señaló que ha visto «multitud de heridas de bala» en distintos destinos y ejercicios y que la que sufrió el soldado fallecido «no era un tiro directo». En este sentido, el abogado de la acusación particular ha sostenido que los procesados son «unos mentirosos» y que confía que se mantenga «el principio de verdad material» que rige el derecho penal que, a juicio del letrado, «ha quedado demostrada por más de siete pruebas periciales» por parte de la Guardia Civil.
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