El juicio aborda los operativos de la Policía Local en la Platja de Palma y si beneficiaban a un empresario. | J.B.

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«Subirán coaccionaba y amenazaba». «Hay bastantes partes de mi declaración que están guiadas por el señor Subirán». La sesión del juicio por supuesta corrupción judicial en la Platja de Palma estuvo marcada por la figura del fiscal durante la instrucción, ahora condenado por el TJSIB a nueve años de prisión por obstrucción a la Justicia entre otros delitos. En una jornada en la que pasaron por la Audiencia Provincial ocho agentes de la Policía Local, seis de ellos matizaron mucho lo que habían declarado cuando estalló la causa y suavizaron las acusaciones más graves: «Mi declaración estuvo totalmente condicionada. El fiscal me dijo: ‘tengo línea directa con la regidora, te imputo y ya sabes lo que hay'», dijo otro apuntando a una suspensión de empleo y sueldo.

De esta manera, las alusiones a agentes determinados que recibían copas y otros favores en algunos bares quedaron difuminadas. «Me lo he encontrado de paisano en la zona. Si iba al table dance o no, no lo sé», sobre uno de los agentes. «Eran cosas que se decían en el cuartel», según otro testigo, en la línea de lo que han dicho otros policías más.

Los testigos, todos ellos de la misma unidad de la Policía Local, sí fueron más precisos en torno a otros dos aspectos: las prácticas que suponen el supuesto trato de favor de los agentes acusados al empresario Miguel Pascual. El primero tiene que ver con la presencia física de agentes en la puerta del local Bierköning. Los testigos afirman que presentaron un escrito de queja ante la falta de seguridad y control en el establecimiento y porque consideraban que se les usaba para paliar esas carencias. Tras el escrito, el local contrató seguridad privada. El segundo se refiere a que el encargado de este local tenía el número del móvil de uno de los grupos y llamaba de forma directa para solicitar servicios en lugar de pasar por la sala del 092. «Cada día teníamos que ir», según otro de los testigos.