El presunto cabecilla del grupo, para el que un Juzgado de Molina de Segura (Murcia) ha decretado el ingreso en prisión, disponía en su domicilio de un taller en el que confeccionaba artefactos explosivos caseros que luego detonaba en un descampado cercano. A los arrestados se les atribuyen supuestos delitos de pertenencia a grupo criminal, extorsiones y tenencia ilícita de explosivos, informa la Dirección General de la Policía.
La investigación se inició el pasado mes de abril cuando los agentes tuvieron conocimiento de que el grupo exigía a un empresario murciano el pago de 100.000 euros bajo la amenaza de tomar represalias contra él y su familia. El requerimiento de pago iba acompañado de varias fotografías de su familia en distintos lugares y fechas que abarcaban el periodo de un año así como de un cartucho del calibre 9 milímetros Parabellum. Los investigadores determinaron que el autodenominado Grupo de Acción Ciudadana se creó, tal como consta en la carta de constitución remitida por el mismo a un medio de comunicación, en 2020.
El grupo de constituyó como una «organización civil, armada e independiente, actuando al margen de una justicia inactiva, inexistente y arrodillada e intereses partidistas o personales y no reconociendo a ninguno de sus tribunales». En la carta ya establecía como objetivos a «directivos y socios de empresas satélites vinculadas al Gobierno regional de Murcia y personas físicas que actúen en beneficio propio aprovechando los bienes o fondos que pertenecen al pueblo». Asimismo «todas aquellas personas ligadas al Gobierno regional o municipal, ya sea por cargos o por intermediación en operaciones de contratación con las instituciones, que se lucren ostentosamente».
El líder del grupo creó en internet la denominada Plataforma Ciudadana de Resistencia, desde donde difundía su ideología, captaba adeptos y solicitaba donaciones con las que sufragar la «lucha». En ella se pueden encontrar vídeos en los que señalan objetivos de la organización entre los que se encuentran «la eliminación de los partidos políticos nacionales» y «la intervención de las administraciones públicas». Entre estos vídeos se detectó uno en el que figuraba el líder del grupo con un pasamontañas y la voz distorsionada con una puesta en escena que evoca a difusiones realizadas por grupos terroristas.
Semanas más tarde de la primera amenaza que recibió un empresario murciano los detenidos se pusieron en contacto con su familia haciéndose pasar por supuestos negociadores de la organización armada. No obstante agentes del equipo de negociadores de la Comisaría General de Información de la Policía Nacional asesoraron a las víctimas durante toda la investigación marcando la estrategia de negociación desde el primer momento. En la madrugada del pasado lunes se puso en marcha el dispositivo policial en el que fueron detenidas cuatro personas y se practicaron dos registros domiciliarios.
En el realizado en el del presunto cabecilla del grupo se intervinieron dos artefactos explosivos con sendas garrafas de gasolina, cuatro tarros con mechas, multitud de material pirotécnico, dos armas de fuego y gran cantidad de munición y cartuchos. Además se han intervenido dispositivos de seguimiento y localización tipo GPS, un distorsionador de voz, lazos de detención, gafas de visión nocturna, once teléfonos móviles y material informático. Los dos artefactos explosivos estaban dispuestos para poder ser usados en cualquier momento y uno de ellos se encontraba camuflado en una mochila a la que le habían realizado un orificio para poder acceder al dispositivo mecánico de detonación retardada sin necesidad de abrirla.
En el domicilio de otro de los detenidos se han intervenido siete teléfonos móviles, cuatro cámaras fotográficas, diverso material informático y cartuchos de armas de fuego. Los agentes se han incautado también de distinta parafernalia del grupo como documentación de otras plataformas de resistencia ciudadana y en concreto un manual del Grupo de Anarquistas Coordinados, autor del atentado a la basílica del Pilar de Zaragoza en el año 2012. Los investigadores han podido constatar que el grupo también había realizado seguimientos a otras familias y que eligieron sus objetivos en empresas o negocios que hubiesen obtenido licitaciones de la administración pública regional.
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