Es jovial, buen conversador. Le consume la impaciencia, hasta el punto que inicia la respuesta con la pregunta a medio plantear. Gabriel Caldentey (Palma, 1955) se diplomó en Magisterio (Escola Normal, 1977) y desde 2008 es secretario general del STEI, un sindicato con tan solo treinta y tantos años de existencia, pero con una sólida representatividad en el movimiento obrero.
Le comento que la gente se pregunta si la crisis ha tocado fondo. Me responde:
Gabriel Caldentey.- Quisiera responderle que sí. No obstante las perspectivas no son optimistas, porque las medidas neoliberales que se aplican en Europa no hacen más que agravarla. Y en España estamos asistiendo a un ajuste durísimo. Con el recorte de las pensiones y de los salarios ¿quién tendrá ánimo de consumir...? Por otra parte ¿nuestro crecimiento económico tiene que basarse en la exportación...? De acuerdo. Pero ¿qué vamos a exportar y a qué países vamos a hacerlo?
Llorenç Capellà.- Dígamelo usted.
G.C.- ¡Ya quisiera...! Mire, otra de las claves de la crisis está en el déficit fiscal ya que se han reducido los impuestos a los más ricos. Las treinta y cinco empresas que forman parte del IBEX 35 tienen unas condiciones fiscales de privilegio. No lo ponga en duda: los grandes empresarios son los grandes depredadores.
L.C.- Le cambio de tercio. La temporada turística, en las Illes Balears, ha sido espléndida.
G.C.- Pero no se ha traducido en un aumento de la ocupación. Y a un incremento notable del volumen de trabajo debería corresponderle otro idéntico del de ocupación ¿no le parece...?
L.C.- Sí.
G.C.- Sin embargo, lo que se ha incrementado son los contratos a medio jornal. ¿Por qué...? Pues porque se complementan con horas extras que se abonan con dinero negro. ¡En fin...! Podríamos pasarnos el día denunciando las políticas neoliberales. Cuando se produjo el recorte salarial de los funcionarios, hubo un cierto linchamiento popular desde una óptica burlesca y de desprestigio social. Que si los funcionarios apenas trabajan, que si son unos vagos... Cuando es todo lo contrario: trabajan mucho y honestamente. Y además consumen. Y si ellos tienen menos poder adquisitivo lo notan de inmediato los bares, el súper...
L.C.- ¿A dónde quiere ir a parar?
G.C.- A evidenciarle que las políticas de derechas centran su interés en la reducción de plantillas y no en la mejora de la producción. Centrándonos en las Illes Balears, el Govern sostiene que la reactivación de la economía no precisa del estímulo público. Y este argumento es suicida. Precisamente los países que disminuyen las inversiones públicas provocan la inmediata recesión de las privadas.
L.C.- Seguro que el Conseller d'Economia lo sabe.
G.C.- Faltaría más. Pero la política de la derecha en materia económica se basa en la necesidad de propalar la cultura del miedo. ¡Y ya me dirá...! Cuando el Govern vacía de empleados las empresas públicas, no hace más que trasladarlos al paro para que el Estado se haga cargo de sus nóminas. O sea, que se desplaza el problema de una Administración a otra. Pero no se resuelve. Por otra parte, el Estado nos trata a patadas...
L.C.- ¿A quién...?
G.C.- A quienes vivimos en las Illes. Nuestros pensionistas cobran menos que en la mayoría de autonomías. Y en temas puntuales, como puede ser la ley de dependencia, vamos a la cola. Pero volviendo a la fiscalidad... Sin ningún género de dudas, las Illes Balears pueden considerarse expoliadas por el Estado. ¿Le pongo un ejemplo...?
L.C.- Sí.
G.C.- Ningún Land alemán está obligado a trasferir a otros länder, por ajustes de solidaridad, más del 5% de su PIB. ¡Y nosotros transferimos más de un 11%...! ¿Comprende...?
L.C.- Sí.
G.C.- No denuncio estas cifras por cuestiones de identidad o ideológicas, sino porque ponen en peligro la cohesión social.
L.C.- Entiendo.
G.C.- Desgraciadamente, en la mayoría de autonomías se aplican criterios neoliberales. Por ejemplo: en la Comunidad de Madrid se está llevando a cabo una abrumadora privatización de la sanidad y de la enseñanza. Le diré algo más: en el País Valencià y en Madrid, la Administración cede gratuitamente terrenos públicos para que se edifiquen centros escolares privados que luego, naturalmente, se convierten en concertados. Todo ello con el aplauso de la derecha radical y católica.
L.C.- Aquí no se ha llegado tan lejos.
G.C.- No. Pero tanto el gobierno anterior, que era de izquierdas, como el actual del Partido Popular, han recortado
“Tenga en cuenta que desde la Unión Europea se afirma que los dineros públicos que se destinan a la enseñanza no han de considerarse un gasto, sino una inversión”
drásticamente sus aportaciones a la Universitat, lo que me parece escandaloso. Tenga en cuenta que desde la Unión Europea se afirma que los dineros públicos que se destinan a la enseñanza no han de considerarse un gasto, sino una inversión, porque para mejorar la productividad se ha de mejorar la mano de obra.
L.C.-...
G.C.- En cifras porcentuales las Illes Balears tienen menos universitarios que Extremadura. Y apunte: Castilla-La Mancha, cuando estaba gobernada por el PSOE, destinaba el 6% del PIB a educación. ¡Algo más del doble de lo que se destinará aquí en 2012...!
L.C.- ¿Cómo se justifica?
G.C.- De una manera muy simple: en las autonomías gobernadas por el Partido Popular se apuesta por el fortalecimiento de la escuela concertada. En Madrid, incluso, se ha llegado a conceder incentivos fiscales a los padres que llevan a sus hijos a la escuela privada.
L.C.- ¿Los pobres recursos destinados a la UIB y a la escuela pública favorecen también a la empresa privada?
G.C.- Por supuesto. La sanidad balear se mueve en torno al 5% del PIB. Y es una cantidad irrisoria. Concretando: en 2010, en las Illes Balears, se destinó el 9% del PIB a sanidad y enseñanza. Pues bien, en la mayoría de países europeos se destina un 15%. ¡Ya me dirá...! ¿Es o no es mejorable nuestro estado del bienestar...?
L.C.- Claro que lo es.
G.C.- ¿Y si lo es, por qué no exigimos unos mayores esfuerzos a la Administración...? Se lo digo: porque la ciudadanía es manifiestamente ignorante.
L.C.- Vale.
G.C.- Se lo repetiré con palabras más comedidas: La izquierda ha perdido aquello que Gramsci definía como la hegemonía cultural. De ahí que la calle carezca de cultura política. Si los trabajadores se alegran con una reducción de impuestos, es porque desconocen que esta reducción debilita la red de los servicios públicos.
L.C.- ¿No se ha planteado que estos servicios igual tienen mala prensa?
G.C.- Naturalmente. Y la tienen. Basta ver como en los años ochenta las clases medias depositaban su confianza en la escuela estatal. Y ahora, en cambio, han abandonado todo interés por mejorarla.
L.C.- Los sindicatos ¿también tienen mala prensa?
G.C.- Sí ¿para qué negarlo...? No obstante, al margen de aciertos y errores, nuestra criminalización viene orquestada por grandes lobbys empresariales como el de los Murdoch. O incluso de mucho antes. De las políticas neoliberales de Margaret Thatcher. En cualquier caso, los ciudadanos deberían tener en cuenta que los sindicatos son los que intentan poner freno a los despidos improcedentes, al abaratamiento de salarios, a la reducción de pensiones...
L.C.- ¿Cómo están las relaciones de ustedes con el Govern?
G.C.- En punto muerto. Hasta ahora, todos los ejecutivos, incluso los de Cañellas o los de Matas, fomentaban el respeto institucional y en ningún caso prescindían de las formas. Pero en el govern actual, únicamente las respeta el conseller de Educación, Rafel Bosch. Aunque su voluntad dialogante choca con la falta de sensibilidad democrática de sus compañeros.
L.C.- Con Bosch, la política lingüística, que se había venido aplicando en las aulas con resultados satisfactorios, pende de un hilo.
G.C.- Ya le digo: supongo que se siente presionado por los sectores más ultras de su propio partido. En cualquier caso, ya le adelanto que el STEI no firmará ningún pacto para la educación sin un previo acuerdo consensuado sobre la enseñanza del catalán. Y sin que se especifique el compromiso, por parte de José Ramón Bauzà, de aumentar progresivamente la inversión en materia educativa.
L.C.-...
G.C.- Los sindicatos estamos dispuestos a aceptar que un contexto de cambio, como el actual, exige sacrificios. Pero no podemos aceptar más recortes en vivienda, sanidad o educación, porque suponen un atentado contra los derechos básicos de la ciudanía. Los perjudicados no pueden ser siempre los mismos.
L.C.- Ya. Pero lo son. ¿Comprende mi escepticismo?
G.C.- ¡Si lo comparto! Tanto el PSOE como el PP tendrían que ser los principales garantes de los derechos constitucionales, porque todo lo que reivindicamos está especificado en el texto constitucional. ¿Acaso no son unos defensores acérrimos de la intocable, sagrada y sacrosanta Constitución...?
L.C.- Lo de intocable...
G.C.- Sí, bueno... Es intocable cuando se trata de encajar el Estatut de Catalunya en el mapa del Estado, pero se modifica por la vía exprés si lo sugieren Merkel o los mercados financieros... En conclusión, le digo una cosa...
L.C.- Dígamela.
G.C.- Las políticas están claras. Tan claras, que si las clases medias y los trabajadores no comprenden ahora quiénes son los que les aprietan las tuercas, ya no lo comprenderán nunca.
G.C.- De una manera muy simple: en las autonomías gobernadas por el Partido Popular se apuesta por el fortalecimiento de la escuela concertada. En Madrid, incluso, se ha llegado a conceder incentivos fiscales a los padres que llevan a sus hijos a la escuela privada.
L.C.- ¿Los pobres recursos destinados a la UIB y a la escuela pública favorecen también a la empresa privada?
G.C.- Por supuesto. La sanidad balear se mueve en torno al 5% del PIB. Y es una cantidad irrisoria. Concretando: en 2010, en las Illes Balears, se destinó el 9% del PIB a sanidad y enseñanza. Pues bien, en la mayoría de países europeos se destina un 15%. ¡Ya me dirá...! ¿Es o no es mejorable nuestro estado del bienestar...?
L.C.- Claro que lo es.
G.C.- ¿Y si lo es, por qué no exigimos unos mayores esfuerzos a la Administración...? Se lo digo: porque la ciudadanía es manifiestamente ignorante.
L.C.- Vale.
G.C.- Se lo repetiré con palabras más comedidas: La izquierda ha perdido aquello que Gramsci definía como la hegemonía cultural. De ahí que la calle carezca de cultura política. Si los trabajadores se alegran con una reducción de impuestos, es porque desconocen que esta reducción debilita la red de los servicios públicos.
L.C.- ¿No se ha planteado que estos servicios igual tienen mala prensa?
G.C.- Naturalmente. Y la tienen. Basta ver como en los años ochenta las clases medias depositaban su confianza en la escuela estatal. Y ahora, en cambio, han abandonado todo interés por mejorarla.
L.C.- Los sindicatos ¿también tienen mala prensa?
G.C.- Sí ¿para qué negarlo...? No obstante, al margen de aciertos y errores, nuestra criminalización viene orquestada por grandes lobbys empresariales como el de los Murdoch. O incluso de mucho antes. De las políticas neoliberales de Margaret Thatcher. En cualquier caso, los ciudadanos deberían tener en cuenta que los sindicatos son los que intentan poner freno a los despidos improcedentes, al abaratamiento de salarios, a la reducción de pensiones...
L.C.- ¿Cómo están las relaciones de ustedes con el Govern?
G.C.- En punto muerto. Hasta ahora, todos los ejecutivos, incluso los de Cañellas o los de Matas, fomentaban el respeto institucional y en ningún caso prescindían de las formas. Pero en el govern actual, únicamente las respeta el conseller de Educación, Rafel Bosch. Aunque su voluntad dialogante choca con la falta de sensibilidad democrática de sus compañeros.
L.C.- Con Bosch, la política lingüística, que se había venido aplicando en las aulas con resultados satisfactorios, pende de un hilo.
G.C.- Ya le digo: supongo que se siente presionado por los sectores más ultras de su propio partido. En cualquier caso, ya le adelanto que el STEI no firmará ningún pacto para la educación sin un previo acuerdo consensuado sobre la enseñanza del catalán. Y sin que se especifique el compromiso, por parte de José Ramón Bauzà, de aumentar progresivamente la inversión en materia educativa.
L.C.-...
G.C.- Los sindicatos estamos dispuestos a aceptar que un contexto de cambio, como el actual, exige sacrificios. Pero no podemos aceptar más recortes en vivienda, sanidad o educación, porque suponen un atentado contra los derechos básicos de la ciudanía. Los perjudicados no pueden ser siempre los mismos.
L.C.- Ya. Pero lo son. ¿Comprende mi escepticismo?
G.C.- ¡Si lo comparto! Tanto el PSOE como el PP tendrían que ser los principales garantes de los derechos constitucionales, porque todo lo que reivindicamos está especificado en el texto constitucional. ¿Acaso no son unos defensores acérrimos de la intocable, sagrada y sacrosanta Constitución...?
L.C.- Lo de intocable...
G.C.- Sí, bueno... Es intocable cuando se trata de encajar el Estatut de Catalunya en el mapa del Estado, pero se modifica por la vía exprés si lo sugieren Merkel o los mercados financieros... En conclusión, le digo una cosa...
L.C.- Dígamela.
G.C.- Las políticas están claras. Tan claras, que si las clases medias y los trabajadores no comprenden ahora quiénes son los que les aprietan las tuercas, ya no lo comprenderán nunca.
Todos estamos a la expectativa de lo que hará Rajoy para disminuir las cifras del paro. La confianza en sus decisiones es más bien poca, porque don Mariano es aquel que atendiendo, en un debate público, a una estudiante que le preguntaba sobre las medidas que tomaría para crear empleo, le respondió, dubitativo, aquello de que "me ha pasado una cosa verdaderamente notable, que lo he escrito aquí y no entiendo mi letra". Pero algo tendrá que hacer (al menos para mejorar su caligrafía), porque cinco millones de personas sin jornal constituyen un drama humano mayúsculo y convierten el tan cacareado estado del bienestar en un sarcasmo. Esperemos que no se apunte, Rajoy -aunque no le escatime elogios-, a la política de recortes que aplica Bauzá en las Illes Balears. Lo cierto es que para reducir plantillas, rebajar sueldos y empobrecer la sanidad y la enseñanza, no se precisan estudios de economía. Con un poco de inconsciencia basta. Porque los ajustes de Bauzá crean desempleo y, sobre todo, generan alarma social. Según la última Encuesta de Población Activa, en las Illes Balears el número de parados supera los cien mil. En cambio, el Govern, contra toda lógica, carece de presupuesto para invertir en políticas de ocupación. Será por esto que Gabriel Caldentey afirma que los ajustes y recortes de Bauzà han servido para que los asalariados recuperen una conciencia de clase que en las últimas décadas se había diluido. Si es así, celebrémoslo. No hay mal que por bien no venga.
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