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El consejo de administración del Real Mallorca aprobó en la reunión de ayer las cuentas del presente ejercicio y estudió el informe realizado por el asesor jurídico del club sobre los litigios que tiene pendientes la entidad. Además, el consejo convocó la junta general de accionistas para el próximo lunes en una reunión en la que no se produjo «ninguna novedad», según aseguraron diversos consejeros mallorquines que acudieron a la cónclave.

Pese a que se preveía una reunión tensa debido a la delicada situación económica que atraviesa el club, los asistentes a la cita de la calle O'Donell de Madrid "sede social del Grupo Zeta" la calificaron de «normal». El Mallorca informó tras el encuentro que se había abordado tres puntos: «La convocatoria de la junta general de accionistas para el próximo lunes a las 18.00 horas, la presentación de un informe realizado por el asesor jurídico del club sobre los litigios que tiene la entidad "caso Losada" y la ratificación del presupuesto para la presente temporada que asciende a 33 millones de euros (5.500 millones de pesetas)».

Los consejeros mallorquines que estuvieron en la reunión no pidieron apoyo económico al Grupo Zeta porque «conocemos la situación y sabemos que debemos autofinanciarnos», según aseguraban ayer distintos miembros del consejo de administración. Desde el club se ha intentado transmitir un mensaje de tranquilidad y fuentes de la entidad mallorquinista explicaban ayer que «sabemos que tenemos unos pagarés del deportivo y del Atlético de Madrid pendientes de cobro, por lo que la situación económica no es tan delicada».

Antonio Asensio Mosbah no aseguró que el Grupo Zeta vaya a invertir más dinero en el Mallorca y ofreció un discurso continuista, es decir, la propiedad no quiere ganar ni perder dinero con el club insular, por lo que no realizará ninguna operación de riesgo. Con todo, Asensio insistió en que la entidad no ha sido puesta a la venta en ningún momento.

Así, el Mallorca contará esta campaña con un presupuesto menor al de la pasada "en la 2001/02 ascendió a unos 7.000 millones de pesetas" y deberá vender futbolistas de primer orden a final de curso para poder seguir subsistiendo económicamente. El club mallorquín deberá buscar fórmulas para intentar hacer frente a todas las deudas que tiene contraídas, además de intentar resolver en los juzgados el contencioso del «caso Losada», algo que preocupa en los despachos de Son Moix.