13/08/09 0:00
TW
0
F.Fernández El complejo proceso de homologación del velódromo que preside el Palma Arena vivirá uno de sus momentos claves durante el mes de septiembre. Tras conceder un amplio margen de maniobra a los responsables técnicos de la obra, los arquitectos Luis y Jaime García-Ruiz y el holandés sander Douma, subcontratado por los reconocidos técnicos isleños, con el fin de unificar posturas con la Unión Ciclista Internacional (UCI) y hallar una solución conjunta, la posibilidad de que el caso finalice en los tribunales parece ir adquiriendo forma. Eso, aunque en un primer término, y como los propios arquitectos García-Ruiz recordaron en la reunión del pasado 29 de junio, esta obra lleva consigo un seguro que, en caso extremo, garantiza que el proyecto final se ajuste al contratado. En caso de tener que recurrir al seguro, sus representantes deberían solicitar información a las partes implicadas, y en especial a la UCI, para conocer los argumentos de la no homologación del recinto. Un aspecto que puede resultar polémico, ya que, tal y como en su día refirieron los responsables del recinto, el organismo rector del deporte del pedal apelaba a una normativa no escrita en cuanto a la construcción de este tipo de instalaciones, siendo subsanables otro tipo de deficiencias (astillas, cristales de seguridad...).

Pese al parón estival, el director deportivo del Palma Arena, Joan Llaneras, está en permanente contacto con Sander Douma, quien trata con la propia UCI para intentar acercar posturas y buscar el ansiado consenso que permita homologar a nivel internacional la pista que albergará desde finales de año el CEAR. La predisposición del holandés está fuera de toda duda, pese a la oposición que parece encontrar desde la sede de la UCI.

A la espera de noticias concluyentes por parte de Sander Douma, y en consecuencia de los arquitectos García-Ruiz, los gestores de la instalación se citarán en septiembre para analizar los pasos a seguir y los ya realizados.

Los tribunales se atisban en el horizonte, estando llamada a ser la parte demandada por el Govern la que forman los García-Ruiz, de los que Esports es cliente directo. Ellos, a su vez, apelan al contrato suscrito con Douma, quien se comprometió a entregar una pista homologada, condición no satisfecha, por lo que podría ser el último responsable, pese a denunciar las condiciones en las que se desarrolló el proceso de construcción.