España, muy lejos de los principales países europeos, como Francia, Alemania o Dinamarca en la producción de biogñas y biometano

Del análisis de ciertos países europeos que van a la cabeza en el desarrollo del sector del biometano, se pone de manifiesto que los mecanismos de apoyo son imprescindibles para lograr el impulso necesario y posicionar el biometano como una alternativa viable económicamente para lograr una transición energética lo más sencilla y natural posible.

En España, el apoyo a lo largo de los años por parte de las administraciones ha sido prácticamente inexistente, y aunque se están dando los primeros pasos para el progresivo desarrollo de este vector energético con la creación de la Hoja de Ruta del Biogás, siguen existiendo una serie de barreras administrativas, regulatorias, económicas y fiscales a superar para garantizar un desarrollo robusto y estable en el medio y largo plazo.

Entre las barreras más destacables se encuentra la escasa ambición mostrada en la Hoja de Ruta del Biogás en cuanto a los objetivos a alcanzar de cara al año 2030 en nuestro país: una producción de biogás de 10,4 TWh y una sustitución del consumo de gas por biometano del 1%, muy lejos de los objetivos establecidos desde la Unión Europea y por el resto de los países europeos.

En países referentes a nivel europeo la cuota aplicada estimada para el biometano está alrededor del 10% del consumo final, en la que destaca Alemania con una cuota del 20%. Alemania es la primera potencia en producción de biogás y biometano a nivel europeo y mundial. En 2020 contaba con el 60% de las plantas de biogás y el 27% de las plantas de biometano de Europa. Además, fue uno de los primeros países en implementar un subsidio a la producción de electricidad renovable.

En Dinamarca, por ejemplo, la producción de biogás se realiza ya en 180 plantas basadas en el tratamiento de las deyecciones ganaderas y los residuos orgánicos. Dinamarca es un país europeo de referencia, pues un 28% del gas consumido es de origen renovable. En Francia comenzaron a operar 91 nuevas unidades en 2020 y otras 123 plantas empezaron su actividad entre enero y octubre de 2021. Seguido de Francia, los países que experimentaron un mayor crecimiento en el número de plantas de biometano son Italia con 11 plantas en 2020 y Dinamarca con otras 10 plantas en ese mismo año.

En este contexto, es fundamental la agilización de permisos y trámites para abrir nuevas instalaciones. En Francia, por ejemplo, únicamente se necesitan 12 meses para construirse una planta, a diferencia de España, donde ese periodo es más extenso. De hecho, los proyectos de biometano están sujetos a una multitud de requisitos legales porque se superponen con áreas como la agricultura, la gestión de residuos, el reciclaje, la industria energética, los fertilizantes y la producción de enmiendas del suelo que ralentizan el proceso.

Según datos de la Asociación Europea de Biogás (EBA, por sus siglas en inglés) sobre el análisis del sector, en 2019 constaban en Europa un total de 18.943 instalaciones de producción de biogás. Esta cifra supone un 4% más de plantas que en el año anterior con las que se produjeron un total de 193 TWh de biogás. En cuanto al biometano, continuó creciendo hasta llegar a 725 plantas durante 2019, que produjeron 26,7 TWh.

España se situaba en 2021 en octavo lugar en número de plantas entre los países de la Unión Europea que han apostado por esta producción. Mientras Alemania dispone de 238 plantas que generan 12.753 GWh, España tenía tan sólo cinco con una capacidad para producir 250 GWh.

BARRERAS REGULATORIAS

En nuestro país, según el informe de PwC y Fundación Naturgy existen demasiadas barreras regulatorias como la falta de un marco legal y normativo que regule de forma eficaz la actividad relacionada con los gases renovables, especialmente el biometano. Además, la mayoría de las medidas incluidas en la Hoja de Ruta del Biogás todavía están pendientes de ser desarrolladas, y se necesita un marco normativo y fiscal que sea capaz de regular las aplicaciones del biometano que no estén relacionadas con aplicaciones estrictamente eléctricas, es decir, como sería la inyección en la red gasista como energía libre de emisiones.

Entre las medidas propuestas por las gasistas están: La definición de un marco legal del biometano, con incentivos y cuotas ambiciosas y crecientes cada año para su inyección y disponibilidad en la red de gas, para universalizar sus consumos domésticos, industriales, comerciales y de transporte; y el desarrollo de una regulación específica que asegure un acceso competitivo al residuo necesario, que genere señales de precio a los generadores de residuo, que valoren de forma adecuada las emisiones evitadas y que permitan internalizar los costes, entre otras.

Por otro lado, existen barreras económicas y fiscales como la ausencia de incentivos específicos de apoyo a la producción, a la inyección en red y consumo del biometano. La gran cantidad de impuestos asociados a la generación de biometano existentes, como pueden ser el impuesto a la producción de energía o de autoconsumo, así como impuestos asociados en el punto de consumo como el de hidrocarburos, son también condicionantes negativos para el desarrollo.

La Comisión Europea estima un desarrollo muy relevante del biogás. En 2050, el biogás puede llegar a suponer entre un 20%-60% la demanda actual de gas natural, demostrando que el biogás se puede convertir en una palanca clave e imprescindible de cara al cumplimiento de los objetivos en materia de lucha contra el cambio climático y de integración de renovables en el nuevo sistema energético.

Antes de llegar a 2050 y como consecuencia de la complicada situación geopolítica que se está́ viviendo en la actualidad en Europa, la Comisión Europea ha establecido un plan para que Europa logre ser independiente frente a los combustibles fósiles de origen ruso en 2030, casi dos tercios de esta reducción pueden lograrse en el plazo de un año.