La Conselleria de Hacienda, dirigida por Arcadi España, ha dictado las normas para la elaboración del próximo presupuesto autónomico en la que ordena a las consellerias y el sector público instrumental de la Generalitat que adapten sus cuentas y objetivos a paliar los efectos económicos, directos e indirectos, derivados de la crisis provocada por la invasión rusa a Ucrania.
Así, les insta, en la orden publicada este lunes en el DOGV, a revisar y ajustar los objetivos que tienen que alcanzar de acuerdo con el marco presupuestario 2023, los recursos disponibles, y la situación derivada del reciente escenario que se desencadena tras la invasión rusa en Ucrania y que requerirá "adaptación de las políticas destinadas a atenuar efectos negativos sobre el tejido social y económico valenciano".
Así, recuerda que en 2021 las políticas presupuestarias se dirigieron a paliar los efectos de la pandemia Covid 19, mientras el pasado año se priorizaron las actuaciones dirigidas no solo a fortalecer los servicios públicos sino también a apoyar la recuperación económica y social aprovechando los fondos Next Generation EU.
No obstante, explica que este año ha debido adoptarse un conjunto de medidas para hacer frente a la crisis económica derivada de la escalada de los precios de las materias primas y de los bienes intermedios, y de la invasión de Ucrania por parte de Rusia, que han provocado "un aumento de la inflación y ralentizado el ritmo de crecimiento económico".
Por ello, para 2023 se plantea la necesidad de seguir adoptando medidas para paliar los efectos económicos, directos e indirectos, derivados de esta crisis, así como continuar con la ejecución de los fondos procedentes del Mecanismo de recuperación y resiliencia.
De este modo, señala que los principales ejes de estas políticas deben ser la transición ecológica, la transformación digital, la cohesión social y territorial, y la igualdad de género.
Hacienda apunta que se seguirán aplicando las medidas y objetivos fijados en tanto en el acuerdo 'Alcem-nos' alcanzado en el marco de la Mesa General de Diálogo Social, como en el acuerdo de legislatura del Botànic II, respecto al cambio del modelo productivo, la creación de empleo, la prestación de las políticas educativas, sanitarias y sociales, además de la lucha conta la exclusión social y la potenciación de políticas de integración e igualdad.
Asimismo, recuerda que el presupuesto debe cumplir los objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. Todo ello, sin perjuicio de que para 2023, continúe la suspensión de las reglas fiscales. En ese sentido, señala que debe considerarse que la activación de la cláusula de salvaguardia en marzo 2020 continuará aplicándose en 2023 ante la decisión de la Comisión Europea de prolongar un año más, aunque apelando, no obstante, a la prudencia fiscal necesaria para garantizar la sostenibilidad a medio plazo.
Infrafinanciación
No obstante, lamenta que "una vez más" se inicia la elaboración del presupuesto autonómico sin que haya tenido lugar la revisión del sistema de financiación de las comunidades autónomas aprobado en 2009 y caducado en 2014. Al respecto, recalca que este modelo, con doce años de vigencia, "no garantiza el principio constitucional de suficiencia financiera para la Comunitat Valenciana".
Por ello, advierte de que esta situación, unida al contexto previsto para 2023 de una mayor necesidad de recursos para paliar los efectos de la crisis, "perjudicará nuevamente a nuestra Comunitat, ya que siguen sin resolverse los problemas de inequidad e infrafinanciación que padecemos, y que deben abordarse con urgencia a través de un nuevo modelo de financiación autonómica".
Asimismo, indica en los próximos presupuestos se incorporarán las actuaciones derivadas del proceso participativo, la perspectiva de género y un informe de impacto en la infancia y adolescencia.
Hacienda señala que en la elaboración del presupuesto, el gasto deberá priorizarse de acuerdo con los objetivos perseguidos, siendo necesaria "una revisión de todas las partidas, evitando crecimientos inerciales no justificados, al objeto de orientar los recursos disponibles hacia el proceso de recuperación económica y social".
En este marco, el Consell, de acuerdo con las previsiones de ingresos que se determinen establecerá el marco de las disponibilidades presupuestarias resultantes del techo de gasto, y determinará las prioridades y, en consecuencia, el límite de gasto no financiero coherente con las previsiones fiscales y los objetivos señalados para las comunidades autónomas. Finalmente, la orden incide, al igual que en ejercicios anteriores, en la necesidad de la territorialización de los proyectos de inversión.
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