La presidenta de Junts, Laura Borràs, ha presentado al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) su escrito de defensa en la causa de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC), en el que niega que fraccionara contratos para favorecer a un amigo cuando dirigía la institución.
«No ha existido ni fraccionamiento de contratos, ni falsedades punibles ni decisiones arbitrarias», afirma su abogado, Gonzalo Boye, en el escrito de defensa consultado por Europa Press.
El escrito, que dedica un único párrafo a argumentar la defensa, continúa: «Sin que existan hechos constitutivos de delito alguno, no cabe hablar de autoría, ni de circunstancias modificativas, ni de pena, ni de responsabilidad civil derivada de un delito que no se ha cometido, debiendo imponer las costas de oficio».
La defensa de Borràs propone citar para el juicio a una veintena de testigos, entre ellos los exconsellers de Cultura Ferran Mascarell y Lluís Puig y los exdirectores de la ILC Francesc Parcerisas, Oriol Ponsatí y Joan Elies.
En julio, el TSJC dictó la apertura de juicio a Laura Borràs por los presuntos delitos de prevaricación y falsedad documental para Borràs, su amigo Isaías H. --que supuestamente se favoreció de los contratos-- y a Andreu P., que presuntamente lo ayudó a preparar los presupuestos y facturas que presentaba a la ILC.
Después de dictarse la apertura de juicio, la Mesa del Parlament suspendió a Borràs como presidenta con los votos favorables del PSC, ERC y la CUP, y el voto contrario de Junts.
Hasta seis años de cárcel
En esta causa, la Fiscalía ha reclamado para Borràs una pena de seis años de cárcel y 21 de inhabilitación, además de multarla con 144.000 euros, por los presuntos delitos continuados de prevaricación y falsedad documental.
Para Isaías H. también reclama 6 años de cárcel, 21 de inhabilitación y una multa de 72.000 euros, y para Andreu P. la Fiscalía ha pedido una pena de tres años de prisión, 10 de inhabilitación para cargos públicos y una multa de 30.000 euros.
La acusación de la Fiscalía parte de que Borràs, como directora de la ILC, era la responsable de las contrataciones y supuestamente ella e Isaías H. se pusieron de acuerdo para adjudicarle varios encargos relacionados con la web de la institución, «fraccionando indebidamente en diferentes contratos» estos trabajos que hacía de manera recurrente y por los que en total cobró 335.700,29 euros.
Para dar «una apariencia fingida de respeto por los principios de publicidad y pública concurrencia», la Fiscalía afirma que pactaron que para cada contrato aportarían tres presupuestos a nombre de diferentes proveedores.
Dos de estos tres presupuestos no eran ofertas reales sino que presuntamente los hacían Isaías H., Andreu P. y Borràs para simular que se adjudicaban al mejor licitador, pero en realidad el adjudicatario de todos era Isaías H.
Las fiscales señalan en su escrito de acusación que, entre marzo de 2013 y febrero de 2017, Borràs, «con abuso de sus funciones como directora de la ILC», propuso, aprobó y adjudicó 18 contratos menores sin justificar que fueran la mejor oferta porque sabía que detrás de todos los presupuestos estaba Isaías H.
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