Este anuncio ha sido realizado en el marco de la rueda de prensa que han ofrecido en Bilbao el secretario general de Gizalan-federación de Servicios Públicos, Igor Eizagirre, la responsable de Educación, Miren Zubizarreta, y la responsable de Osakidetza, Esther Saavedra.
En su comparecencia, han denunciado que las condiciones laborales de los empleados públicos «no paran de empeorar» y, en cuanto al empleo, a
pesar de que la ley Iceta' está vigente, la situación que se vive en el sector público es «muy dura». En concreto, ha denunciado que, mientras que el ratio de empleo público en la Unión Europea (27 países) es del 20% del empleo total y en Euskadi y Navarra se sitúa en el 12%.
Además, han asegurado que el personal subcontratado es de más de 120.000. El personal eventual en Osakidetza asciende, según ha indicado ELA, a 24.000 personas (9.000 de ellas con más de ocho años de antigüedad); en Educación a 15.000 (7.000 de ellas tienen más de ocho años de antigüedad) y 12.000 en ayuntamientos.
ELA ha afirmado que, mientras el servicio que recibe la ciudadanía «va empeorando, las cargas de trabajo aumentan drásticamente y el personal sometido a riesgos psicosociales va en aumento». A su juicio, se da un «proceso de empobrecimiento constante» y, en términos salariales, la pérdida de poder adquisitivo desde 2010 ha sido del 16%, «una pérdida acumulada media de 40.000 euros». «Dicho de otro modo, en la última década, el personal público ha trabajado 15 meses gratis», ha denunciado.
ELA ha asegurado que, a la vista de las propuestas que están sobre la mesa para 2023 y de cómo se puede cerrar el IPC, «la pérdida acumulada para 2023 será superior al 20%». Además, ha añadido que a ello hay que sumar la reducción en primas de jubilación o la pérdida en las EPSV
Responsabilidades políticas
El sindicato ha manifestado que, aunque los partidos políticos e instituciones vascas insisten en que se necesitan unos servicios públicos «sólidos», se «imponen políticas neoliberales y de privatización del sector público».
"En la última década, Madrid ha decidido cuánto personal público (enfermeras, profesorado, policías locales...) se necesitan aquí. Los partidos vascos han dejado las decisiones sobre las condiciones
laborales en manos de Madrid. Desgraciadamente, estos partidos, incluidos PNV y EH Bildu, y las instituciones han permitido esto. Mientras se toman estas decisiones, el Gobierno Vasco ha tenido un
superávit de 541 millones en 2021", ha criticado.
En este contexto, la central sindical ha exigido a los partidos e instituciones vascas que «cesen en sus actitudes incoherentes» y ha indicado que "no es compatible decir que apuestan por reforzar los servicios públicos, al tiempo que apoyan la pérdida de poder
adquisitivo del 20% de su plantilla".
En materia de salarios, ELA ha indicado que, para apoyar los Presupuestos del Estado es «imprescindible establecer la posibilidad de negociar aquí el salario del personal del sector público vasco». A su juicio, hay «fórmulas» y solo se trata de una «cuestión de voluntad política».
Para lña central sindical, en esta situación, sería «incomprensible y muy grave» que «los partidos de aquí cedieran de nuevo al Gobierno español las competencias para decidir sobre el sector público vasco»
El sindicato ha defendido que las negociaciones para 2023 «deben darse aquí», y en ellas se debe garantizar el poder adquisitivo
perdido en 2022 (4,5%) y el IPC de 2022. ELA también ha reclamado el compromiso de «abrir una negociación para recuperar el poder adquisitivo perdido en la última década».
En materia de empleo, ha demandado que se impulsen procesos de consolidación que reduzcan la temporalidad al 6% y también ha advertido de que, para apoyar los Presupuestos del Estado, es «imprescindible» garantizar la supresión de las tasas de reposición, porque «no se puede permitir que Madrid decida las necesidades de empleo del sector público vasoco». Junto a ello, ha reclamado ratificar la posibilidad de negociación y acuerdo marco de los procesos de consolidación extraordinaria.
ELA ha asegurado que, «lamentablemente, a la vista de lo que han hecho las autoridades y los partidos políticos vascos y escuchando lo dicho en los últimos días», «hay poca voluntad». Por ello, tiene claro que este otoño habrá que impulsar movilizaciones y huelgas y, para ello, se han iniciado contactos con otros sindicatos y esperan hacer pública la convocatoria en los próximos días.
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