La iniciativa ha contado con los votos favorables de PP y Vox, mientras que han votado en contra PSOE, Por Andalucía y Adelante Andalucía.
La iniciativa del PP, que ha defendido en el Pleno el secretario general de este partido, Antonio Repullo, plantea «retirar de manera inmediata la iniciativa parlamentaria presentada y no llevar a cabo ningún cambio que suponga la derogación o modificación del delito de sedición tal y como viene tipificado en el vigente Código Penal y las penas que lleva aparejadas en sus diferentes formas de participación», planteamiento que se reproduce en el caso de la malversación.
De fondo demanda la iniciativa parlamentaria del PP «cumplir, acatar y respetar la Constitución española», de la que remarca que «fue aprobada de forma mayoritaria por los españoles» y que en ella «no tiene cabida la sedición ni los referéndums ilegales», y reivindica el pronunciamiento que recoge el artículo 2 de la Constitución acerca de que ésta descansa sobre «la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas».
En la exposición de motivos de la Proposición no de Ley el Partido Popular de Andalucía considera que «los representantes políticos del Parlamento de Andalucía deben pronunciarse si apoyan la eliminación o reforma del delito de sedición», una exigencia que parte de la idea de que la derogación de la sedición «es un hecho que viene a debilitar el pacto constitucional de 1978».
La iniciativa de los populares andaluces considera que «ni Pedro Sánchez es digno de la tradición democrática del PSOE ni el PSOE puede callar ante este episodio sin ser cómplice expreso de esta barbaridad política», para colegir de estas premisas que «el silencio de sus dirigentes y barones es una traición a los valores que un día decidieron representar y a los electores que votaron por ellos».
La PNL del PP-A esgrime que «vemos con preocupación la inercia del actual Gobierno a transigir con las reclamaciones de sus socios parlamentarios», entre las que sitúa el cese de la secretaria de Estado-directora del Centro Nacional de Inteligencia, o no recurrir ante el Tribunal Constitucional «una ley autonómica de enseñanza hecha a medida para no cumplir con una sentencia judicial».
A juicio del PP-A, «el anuncio de la derogación del delito de sedición es solo una más de las concesiones, pero dada la aritmética parlamentaria, no parece que vaya a ser la última» y reclama que con ese antecedente «es tiempo de solicitar al Gobierno y a su presidente que ejerzan lealmente las funciones que tienen encomendadas, actúen en defensa del Estado y de sus instituciones» ante el temor de que «no cedan ante las pretensiones de quienes, amparados en la ley, han hecho y hacen todo lo posible para menoscabarla».
«Los intereses generales de la Nación y de los españoles deben prevalecer siempre, incluso por encima de los intereses particulares del gobierno o de quien ostente su Presidencia», argumenta el PP en su iniciativa.
Psoe: el pp cuando no gobierna, españa siempre se rompe
El diputado socialista Mario Jiménez ha manifestado que la iniciativa del PP-A es una vez más fruto de ese árbol de «la discordia que han regado permanentemente desde que España es una democracia», que consiste en hacer creer que cuando no gobiernan, «España siempre se rompe».
«Si no confrontan españoles contra españoles, jamás ganarían las elecciones en este país, porque ustedes se alimentan de la confrontación», según Jiménez, que ha calificado al PP de la «derecha más conservadora de Europa».
La portavoz adjunta de Por Andalucía, Esperanza Gómez, ha considerado que «esta iniciativa es una burla al Estatuto, a esta Cámara y la Constitución» para apuntar seguidamente «el profundo rechazo» de su grupo a este debate al argumentar que el delito de sedición es «un delito predemocrático muy mal redactado» con la advertencia, en su condición de profesora de Derecho Constitucional, de que «no es un delito contra la Constitución Española, es un delito contra el orden público y es falso que proteja la integridad territorial».
La presidenta del Grupo Parlamentario Mixto-Adelante Andalucía, Maribel Mora, ha reclamado la adaptación de la Constitución Española al Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos de 1996 al argumentar que «es un proceso de derecho humano reconocido» la libre determinación de los pueblos y, por tanto, ha considerado que «todo ese sigue pendiente» con la idea de que «la Constitución sigue teniendo un problema» por cuanto «se niega de manera constante el Estado plurinacional que existe en España».
Vox: todo es consecuencia de la miopía autonomista
El portavoz adjunto de Vox, Javier Cortés, ha manifestado que toda esta situación es consecuencia de una «miopía autonomista» que solo su partido se atreve a denunciar.
Ha añadido que el Estado autonómico es «políticamente ingobernable y financieramente insostenible» y es utilizado «por los enemigos de España para conseguir sus objetivos, que es la ruptura de la unidad nacional».
Ha calificado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de un «soberbio» que no tiene límites en «su vanidad personal» y que desprecia la unidad de España.
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