La senadora de PSC, Eva María Granados, interviene durante el debate de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) en el Senado, a 12 de diciembre de 2022, en Madrid (España). Tras su aprobación en el congreso el pasado 24 de noviembre, el proyecto de Pr | Gustavo Valiente - Europa Press

TW
0

La portavoz del PSOE en el Senado, Eva Granados, ha sostenido que es de «extrema gravedad» que el Tribunal Constitucional (TC) intervenga en el desarrollo de un procedimiento legislativo, a raíz de su decisión de paralizar la tramitación de la reforma judicial para modificar la elección de sus magistrados.

«No me imaginaba que el TC entrara en el procedimiento legislativo, que es competencia exclusiva del poder legislativo», ha dicho en una entrevista de Rac1 este martes recogida por Europa Press, aunque ha resaltado que respetarán y acatarán las decisiones del tribunal.

Tras la decisión de la Mesa del Senado de seguir adelante con el procedimiento sin las enmiendas paralizadas, Granados ha lamentado que el «conflicto institucional» se ha trasladado a la Cámara Alta, y ha acusado al PP de impedir el debate democrático en ella.

«Lo que tenemos aquí es que, ante la previsible derrota en una votación democrática en el Senado, el PP ha impedido que esta votación se celebre. Y, para que sea posible, ha implicado a los vocales conservadores», ha añadido.

Situación inédita

La portavoz socialista ha defendido que la reforma judicial paralizada por el TC a raíz de un recurso del PP --que alegó vulneración de derechos por tramitarse vía enmienda junto a la reforma del Código Penal-- buscaba desencallar la renovación de magistrados con el mandato caducado desde hace cuatro años, y que la decisión se ha tomado en un tribunal «dividido».

«No podemos dejar de decir que la primera vez que el TC decide intervenir la vida de un parlamento lo hace por una proporción de ley que lo afecta directamente», ha destacado.

Además, ha sostenido que el caso es distinto a la votación de las 'leyes de desconexión' en el Parlament el 6 y 7 de septiembre de 2017, porque la Cámara catalana actuó «reventando» la Constitución y el Estatuto y aun así --ha subrayado-- la votación sí llegó a celebrarse.