Las instituciones vascas han aprobado este martes el 'III Acuerdo para la mejora de la atención de mujeres víctimas de violencia machista', un pacto que se firmó inicialmente en 2001 y se actualizó en 2009, y que tiene como fin la coordinar la atención a las víctimas de maltrato y agresiones sexuales, de modo que se les garantice una protección «integral sanitaria, policial, judicial y social».
Este tercer acuerdo será aprobada la próxima semana por el Consejo de Gobierno, en el trámite previo a su firma en un acto público que estará presidido por el lehendakari, Iñigo Urkullu.
La comisión en la que se ha trabajado este pacto, coordinada por Emakunde, está integrada por seis departamentos del Gobierno Vasco (Igualdad, Justicia y Políticas Sociales; Seguridad; Salud; Trabajo y Empleo; Educación; y Planificación Territorial, Vivienda y Transportes), el Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía Superior del País Vasco, las tres diputaciones, EUDEL, el Consejo Vasco de la Abogacía y el Consejo Médico Vasco.
Prioridades
Este nuevo acuerdo marca las prioridades y pautas de coordinación «en el itinerario hacia una vida libre de violencia», según ha informado Emakunde en un comunicado.
El texto tiene en cuenta los cambios normativos, sociales y políticos que se han dado desde la firma del último acuerdo, entre ellos, la aprobación de la Ley para la Igualdad y Vidas libres de violencia machista hacia las mujeres.
Entre los avances que va a suponer este tercer acuerdo, se encuentra el hecho de que o se va a tomar como referencia a todas las formas de violencia machista, no solo violencia de pareja o expareja, intrafamiliar y violencia sexual, así como el reconocimiento como
víctimas a las mujeres, sus hijas e hijos y otras personas del entorno, en coherencia con el nuevo contexto normativo.
Otro de los avances tiene que ver con la detección precoz de los casos, ya que el acuerdo promueve la proactividad de todas las instituciones de todos los ámbitos y sistemas y amplía los compromisos de las instituciones firmantes en relación con la formación de las y los profesionales que atienden a las mujeres víctimas.
Intercambio y formación
El pacto refuerza el trabajo de coordinación interinstitucional, creando nuevos grupos de coordinación en cada territorio histórico y organizando anualmente un encuentro de intercambio y formación dirigido a profesionales de los diferentes ámbitos y sistemas.
Además, se contempla un protocolo de actuación coordinada de «una mayor claridad y concreción» en relación con las pautas que deben seguir los diferentes operadores de cada uno de los sistemas.
El acuerdo permitirá la participación en la comisión de personas
expertas o pertenecientes a organizaciones y asociaciones de personas
afectadas, e incorpora específicamente pautas para los ámbitos educativo, de vivienda y de empleo.
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