El Parlament votará este jueves una proposición de ley de barrios impulsada por los comuns en el último pleno previsto para 2022, mientras el Govern sigue negociando sobre los Presupuestos de la Generalitat con PSC y Junts tras cerrar un acuerdo con los comuns.
El pleno empezará este miércoles a las 9.00 horas con la sesión de control a los consellers y al presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, que previsiblemente deberá responder a preguntas de los grupos sobre sus planes para las cuentas de 2023.
Precisamente este miércoles se cumple una semana del acuerdo que sellaron Aragonès y la líder de los comuns, Jéssica Albiach, que incluye un plan de choque social de 555 millones, un incremento de 279 millones para atención primaria e impuestos a viviendas vacías, cruceros y ultraprocesados, junto a ajustes sobre el impuesto de Patrimonio.
El pacto se cerró la semana pasada, y desde entonces el Govern ha redoblado la presión sobre PSC y Junts para amarrar una mayoría para sacar adelante los Presupuestos, tras llegar a pactos con patronales, sindicatos, entidades del tercer sector y del sector cultural.
El PSC descartó este martes un acuerdo «inminente»: reiteró que para los socialistas es fundamental que los Presupuestos aseguren el futuro del proyecto del Hard Rock en el Camp de Tarragona, la B-40 en el Vallès y la ampliación del Aeropuerto de Barcelona, y rechazó cambios en fiscalidad.
Junts, que también pide sacar adelante estos tres proyectos, ve «lejos» el acuerdo a raíz de diferencias en la negociación en el capítulo fiscal, en el que pide rebajas, y en todo lo relativo al proceso independentista, según el partido.
Por su parte, ERC sostiene que no «hay escollos insalvables» en la negociación con PSC y Junts, por lo que pide evitar dilaciones innecesarias que busquen desgastar al Govern retrasando la aprobación de los Presupuestos.
Decreto ley de funcionarios
Además de la ley de barrios, el pleno del Parlament votará este semana un decreto ley de medidas para reducir la temporalidad y fomentar la promoción interna entre los funcionarios y el presupuesto de la Cámara catalana, el Consell de Garanties Estatutàries, la Sindicatura de Comptes y el Síndic de Greuges para 2023.
El presupuesto del Parlament suma de un total de 66.956.190,39 euros, un 2,13% más que el de 2022, e incorpora una mensualidad más a las asignaciones fijas de los diputados por gastos de viaje y desplazamiento a cuenta de la reducción progresiva de las indemnizaciones por esos conceptos que prevé el Reglamento de la Cámara catalana.
En la sesión del miércoles, los grupos interpelarán al Govern sobre el cumplimiento de acuerdos parlamentarios en infraestructuras (PSC), la recuperación de bienes inmatriculados por la Iglesia (CUP), la vacunación por la gripe (Cs) o la movilidad en el Vallès (comuns).
También habrá interpelaciones sobre la «desburocratización» de la actividad de los campesinos (Junts), la movilidad sostenible (ERC) y la política penitenciaria (Vox).
Entre las nueve mociones que se debatirán y votarán el jueves, el PSC ha presentado una iniciativa que reclama al Govern reservar recursos para garantizar el desarrollo de un nuevo plan de barrios y un fondo de cooperación local extraordinario en las cuentas de 2023.
En otra moción, ERC insta al Gobierno a trabajar con la Generalitat, el Ayuntamiento de Barcelona y con entidades en el traspaso de la comisaría de Via Laietana y para proceder a la «resignificación» del espacio como un centro de memoria, dignidad y memoria de las víctimas de la dictadura franquista.
Diálogo pendiente
El pleno en el Parlament se celebra en una semana marcada por la decisión del Tribunal Constitucional (TC) de paralizar en las Cortes Generales la reforma para cambiar el sistema de elección de magistrados, tras un recurso del PP por su tramitación vía enmienda junto a la reforma del Código Penal para eliminar la sedición y reformar la malversación.
Los partidos independentistas catalanes han trazado paralelismos entre esta decisión y los requerimientos que el TC dirigió al Parlament para no celebrar debates o paralizar iniciativas legislativas en el marco del proceso independentista.
El PSC ha rechazado la comparación y ha apelado a cumplir la Constitución, mientras que los comuns han sostenido que «no es momento de reproches sino de soluciones» y han llamado a articular una respuesta democrática, en sus palabras, a la decisión del tribunal.
Todo ello se produce después de que el Congreso de los Diputados aprobara la semana pasada la modificación del Código Penal para eliminar la sedición y reformar la malversación, que Generalitat y Gobierno enmarcan en los acuerdos de la mesa del diálogo para «desjudicializar» el conflicto catalán.
De hecho, sigue pendiente una reunión de la mesa del diálogo entre la Generalitat y el Gobierno antes de que termine el año, tal y como se pactó en el tercer y último encuentro de este espacio celebrado en Madrid el 27 de julio.
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