Aragón quiere liderar la propuesta de soluciones a la sostenibilidad del sistema sanitario

Lambán ha presentado, este lunes, este documento, junto a la consejera de Sanidad, Sira Repollés, a los agentes sociales de la comunidad autónoma. Previamente, ha explicado en declaraciones a los medios de comunicación que es una iniciativa que espera sea «bien recibida» por el resto de autonomías ante un problema «que hemos de tomarnos muy en serio».

Según ha expuesto, el sistema sanitario está dando respuesta a las necesidades crecientes de la población: «Cada vez somos más mayores, necesitamos más atenciones, costamos más al sistema, cada vez hay más y mejores fármacos y mejor tecnología, pero eso es francamente caro, y cada vez se jubilan los médicos que llegan a la edad de hacerlo y tenemos menos capacidad de reemplazo; eso constituye un problema estructural de primera magnitud y si no tomamos medidas a tiempo, podría llegar un momento en el que el sistema estuviera próximo al colapso».

Ha añadido que siendo la sanidad un pilar fundamental del estado del bienestar «hemos de empezar a poner remedio ya y que el tiempo no se nos eche encima».

Por su parte, la consejera de Sanidad, Sira Repollés, ha manifestado que este documento es un «punto de partida», «que tenemos que elevar al resto de las comunidades autónomas, después del esfuerzo que hemos tenido que hacer para soportar la pandemia y ver que nuestro sistema sanitario merece la pena», es «robusto» y «flexible», «un referente para la población», que atiende sus necesidades y actúa como «herramienta que proporciona igualdad» y cohesiona.

Repollés ha precisado que tras «enriquecer» el documento con las aportaciones de los agentes sociales, se propondrá al resto de comunidades autónomas «para iniciar un debate alejado de las opiniones políticas, para determinar unas soluciones que se eleven en el ámbito nacional y que consiga que nuestro sistema sanitario siga siendo robusto y en el que la población confíe».

Plazos

Lambán ha detallado que tras darlo a conocer este lunes, se va a dar de plazo hasta el 17 de febrero para recibir aportaciones, y, tras ser estudiadas por el Departamento de Sanidad, se celebrará otra reunión y, una vez se cuente con el documento definitivo, «lo remitiremos al resto de comunidades autónomas para apurar al máximo el plazo que nos da la inminente convocatoria de elecciones el 28 de mayo».

Ha reconocido que un periodo preelectoral «no deja de dificultar la posibilidad real de acuerdos», pero no «tenemos tiempo que perder» y ha estimado que en las comunidades autónomas «más allá del ruido y excitación electoral subyace un fondo de responsabilidad y de compartir de buen grado los problemas y buscar soluciones».

El presidente de Aragón ha recordado que anunció esta iniciativa durante el último Debate del estado de la comunidad para dar solución
«de manera decidida y definitiva» a los problemas del sistema sanitario, gestionado por las comunidades autónomas.

A su entender, Aragón «está legitimada para lanzar esta iniciativa» tras el «esfuerzo» de los últimos años en favor de la sanidad pública aragonesa «difícilmente superable», con el incremento del presupuesto en mil millones de euros y siendo uno de los territorios del país «con más número de médicos y enfermeros por cada mil habitantes».

Ha mencionado otras acciones y también haber logrado aminorar las listas de espera el 28 por ciento en un año y el 45 desde agosto de 2020, cuando se alcanzaron las cifras más elevadas a causa de la pandemia. Esto, junto al reciente acuerdo con los sectores médicos --«que pone a Aragón en una excelente posición en cuanto a la reputación de su sanidad pública»--, hace que la consejera Repollés lidere el barómetro semanal de salud, ha dicho.

Dañado

La consejera de Sanidad ha indicado que la pandemia ha demostrado que el sistema es «robusto» y «flexible», pero «ha salido dañado» y es preciso conocer sus debilidades y «elevar un debate nacional y de largo recorrido que ponga de manifiesto los problemas ocultos» para afrontarlos y que siga siendo sostenible y «referente» en Europa «como garante de igualdad».

Con esta finalidad, se ha reunido un grupo de trabajo que ha elaborado este documento, coordinado por el colaborador del Observatorio de Sistemas y Políticas de Salud de la Organización Mundial de la Salud, el aragonés Enrique Bernal, donde se contemplan los aspectos comunes a todas las comunidades autónomas como base para un debate que modifique aquellos que permitan «la sostenibilidad futura del sistema sanitario».

Uno de sus cuatro pilares son una financiación autonómica que permita una situación de equilibrio en el sistema sanitario, adaptarse a las nuevas necesidades y tener en cuenta aspectos como el envejecimiento y sobreenvejecimiento de la población, la dispersión o la ruralidad.

El segundo es la atención a las personas más vulnerables, con necesidades tanto de atención social, como sanitaria, y la atención a la dependencia, y, el tercero, una cartera de servicios del sistema sanitario y analizar las prestaciones «que por inercia se están produciendo».

Al respecto, ha comentado que a lo largo de los años se han ido incrementado, con prestaciones nuevas, como la sanidad bucodental, la prevención de ictus, el derecho al aborto o a una muerte digna, además de aparecer nuevos medicamentos, nuevas tecnologías diagnósticas y terapéuticas. Sobre estas últimas, ha planteado introducir en la cartera aquellas que se constate que generan salud en la población.

El cuarto pilar es una política de recursos humanos homogénea para todo el territorio que dé respuesta a las necesidades actuales. Repollés ha mencionado el hecho de que ya se han iniciado acciones para incrementar el número de egresados en las Facultades de Medicina.

En el caso de Aragón, la cifra fijada es de un diez por ciento más en la Facultad de Zaragoza y la creación del grado completo de Medicina en Huesca. La comunidad autónoma también ha aumentado al máximo su capacidad de plazas para la formación de médicos especialistas, ha dicho.

No obstante, es una medida con resultados a medio y largo plazo, por lo que Repollés ha estimado necesaria una nueva definición de los roles de las personas que trabajan en la sanidad pública, «redimensionar» las tareas sanitarias e incluir otros perfiles, por ejemplo, para atender la dependencia o la cronicidad, de manera que se trate de asegurar la atención y asistencia sanitaria, y no tanto de contar con un número de facultativos por habitante.

Estos pilares se traducen en ocho puntos de debate, que son acordar un nuevo pacto en financiación autonómica que atienda las necesidades de salud de la población y establezca cláusulas de protección del gasto sanitario, así como redefinir los determinantes de este último.

También, actualizar los mecanismos de solidaridad interterritorial y de garantía; crear una agencia estatal para la evaluación de nuevas prestaciones; y acordar la adopción íntegra de las recomendaciones del Comité Asesor para la Financiación de la Prestación Farmacéutica del Sistema Nacional de Salud sobre el precio de nuevos medicamentos y su financiación.

Además, abordar la atención a la dependencia de manera integral y coordinar la estrategia de planificación de recursos humanos, adecuando la oferta de egresados y los profesionales con especialización a las necesidades reales; y establecer una estrategia común sobre recursos sanitarios y socio sanitarios para las próximas décadas.