Responsables de cinco comunidades autónomas se han dado cita en Zaragoza para participar en el Foro 'El desafío de los grandes incendios forestales. Impactos en el territorio', organizado por el Gobierno de Aragón, con la colaboración de la Fundación Felipe González, y han coincidido en la importancia de la gestión forestal, su planificación, financiación, en la adaptación normativa y en incentivar diferentes fórmulas para favorecer la bioeconomía y reducir la biomasa, cuya presencia está aumentado de manera progresiva, como vía para hacer frente a los incendios forestales.
Han intervenido este jueves, 26 de enero, en una mesa redonda dentro del apartado 'Los retos de las Administraciones públicas ante el desafío de los grandes incendios forestales', moderado por el Comisionado para la Lucha contra la Despoblación en Aragón, Javier Allué.
Los ponentes han sido el vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior de Navarra, Javier Remírez; el consejero de Sostenibilidad y Transición Ecológica de La Rioja, Alejandro Dorado; el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones; el director general de Medio Natural y Biodiversidad de Castilla-La Mancha, Félix Romero, y el director general de Prevención de Incendios Forestales de la Comunidad Valenciana, Diego Marín.
El vicepresidente primero de Navarra, Javier Remírez, ha incidido en la necesidad de priorizar en la agenda política esta cuestión, gestionar el riesgo «y ser conscientes de que el cambio climático nos ha puesto ante el espejo y tenemos que salir de nuestra zona de confort», de manera que las políticas aplicadas en las últimas décadas «tienen que verse absolutamente revisadas» e introducir «cambios normativos» y asumir «que no estamos para tomar decisiones cómodas, sino en beneficio del interés general».
También ha estimado que hay que concienciar a la ciudadanía de que los incendios «se van a producir», también los graves y para gestionar ese riesgo, «trabajar en planificación» porque los incendios «se apagan con planificación».
Remírez ha expuesto que Navarra cuenta para eso con un reciente plan de incendios forestales, donde se contemplan los planes locales de autoprotección y gestión del riesgo de incendios, con 85 municipios que por sus características están obligados a contar con ellos, además de haber mejorado los medios de intervención, con medidas como la estabilización del 70 por ciento de la plantilla de bomberos forestales.
No es suficiente
El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha sostenido que España posee los operativos de extinción «mas potentes del mundo» y en el caso de su comunidad autónoma se ha llegado a un acuerdo para duplicar el presupuesto en tres años y estabilizar al personal. «Es necesario hacerlo, pero no es la solución», igual que la gestión forestal en Castilla y León ha sido «importante», con la mayor superficie forestal ordenada y certificada, ha expuesto.
«En 50 años, hemos movilizado y cortado tantos árboles como había en 1970, pero tenemos el triple de bosques» y si en ese año se obtenían 30 toneladas de biomasa por hectárea, ahora son 70, ha citado como ejemplo y por eso ha considerado que hay que contar con la bioeconomía. A este se suma los efectos del cambio climático, ha dicho.
A su entender, «todos tenemos el mismo problema, ésta no es una cuestión de colores políticos» y por eso ha apostado por un «compromiso» en el ámbito nacional, también de financiación, bajo el liderazgo del Gobierno de España.
En concreto, ha pedido una estrategia nacional, que incluya modificaciones normativas, también de la ley de montes, así como incentivar la iniciativa privada, con incentivos fiscales por los aprovechamientos forestales y las acciones productivas en los montes, con un acompañamiento a los municipios. Ha opinado que la presidencia española de la UE en el segundo semestre de este año sería una buena ocasión «para convencer a Europea que tiene que cambiar postulados» y que el aprovechamiento energético de la biomasa es positivo, entre otras cosas.
Pago por mantener la biodiversidad
El consejero de Sostenibilidad y Transición Ecológica de La Rioja, Alejandro Dorado, ha mencionado la importancia de la educación ambiental para que la población entienda las políticas «de buena gestión» de los espacios naturales y se ha preguntado «si estamos retribuyendo bien a los municipios más rurales, los que conviven con esa biodiversidad, si estamos haciendo un pago por los servicios a los ecosistemas que nos prestan».
Ha confiado en que antes de que acabe la legislatura se puedan aprobar en su comunidad autónoma una ley de cambio climático que incluya planes de adaptación «a aquello que ya no podemos frenar», además de trabajar por mitigarlo.
He enumerado otras acciones implementadas en La Rioja, donde dos tercios del territorio es superficie forestal, siendo la comunidad autónoma con más árboles por hectárea, un «reto de gestión», que implica una acción preventiva, con un dispositivo activo todo el año, con técnicos, agentes y bomberos forestales, cuyas condiciones laborales han mejorado, y con equipos diseminados por el territorio, con un refuerzo en verano, ha contado.
Apoyo de las ciudades
El director general de Medio Natural y Biodiversidad de Castilla-La Mancha, Félix Romero, ha planteado que las ciudades aporten en la gestión forestal y ha expuesto el caso de su comunidad autónoma donde se ha puesto en marcha una iniciativa que supone que las ciudades se comprometan con un euro por habitante a uno de los fondos creados en la nueva ley de medidas contra la despoblación, y que ahora se va a incorporar a ley de montes, que es el Fondo de Externalidades Positivas, que se va a aplicar para la gestión de los montes de utilidad pública.
Respecto a los de titularidad privada, ha planteado la creación incentivos, tanto para propietarios, como para gestores, como forma de evitar el abandono e incidir en la reducción de la biomasa. Ha reconocido que es algo que no se va a lograr de un día para otro, «pero tenemos que ser capaces de generar esa bioeconomía». «Hay proyectos de ordenación de montes que no se cumplen porque no hay financiación suficiente», ha esgrimido.
El director general de Prevención de Incendios Forestales de la Comunidad Valenciana, Diego Marín, ha defendido la implicación de las Administraciones públicas y de toda la sociedad, así como la necesidad de la planificación, prevención, gestión e innovación, ha traído a colación su estrategia de prevención de incendios y la obligación de planes locales de prevención en los municipios que poseen tiene superficie forestal.
Ha dicho que se ha hecho un esfuerzo en los últimos tres años y el 90 por ciento de los municipios lo tienen aprobado. «El siguiente paso es la ejecución», para lo que se ha creado el Fondo Estratégico Municipal de Prevención de Incendios Forestales, dotado este año con diez millones y con la previsión de que en 2024 se duplique. Entre sus criterios de reparto se prioriza a municipios despoblados, a los que más superficie forestal poseen y a aquellos con superficie protegida.
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