La investigación se inició en junio de 2022, cuando la Guardia Civil realizó una de las inspecciones rutinarias en este local, donde se ejerce la prostitución, todo ello enmarcado en una directiva relativa a actuaciones contra la trata de seres humanos. Durante la misma, los agentes observaron que las tres mujeres que estaban trabajando allí, junto con otra que desempeñaba funciones de responsable, se mostraron muy nerviosas.
Las preguntas realizadas por la Benemérita a las trabajadoras las respondía en su mayoría la supuesta responsable, controlando a su vez las palabras de las empleadas, según han indicado desde el Instituto Armado.
Ante estos hechos, se procedió a entrevistar a las mujeres individualmente y se constató que las mismas fueron trasladadas directamente al local en el barrio zaragozano «para explotarlas sexualmente». Además, las tres víctimas, quienes apenas salían del establecimiento, presentaban números correlativos en sus pasaportes y misma fecha de entrada en este país, estando todas ellas en situación irregular.
Desde Guardia Civil han remarcado que una de las mujeres estaba enferma «y muy demacrada», siendo obligada a trabajar a pesar de su condición. Así, se inició una investigación en la que se puso de manifiesto que se trataba de un caso de explotación sexual por parte del responsable del local, junto con su pareja sentimental, que desempeñaba las funciones de 'madame', con la colaboración de una mujer en Sudamérica, que sería la encargada de conseguir a las futuras víctimas.
Captación de mujeres extranjeras
El 'modus operandi' de esta red consistía en captar a chicas extranjeras en sus países de origen. Para ello, una mujer relacionada con la encargada del local de Garrapinillos ofertaba a chicas jóvenes viajar a España para trabajar como camareras de bar o como 'scort', asegurando que ganarían dinero y estarían bien cuidadas.
Estas mujeres, vulnerables por su situación económica en su país no podían costearse el gasto del viaje a España, por lo que la red les facilitaba los billetes de vuelo hasta Madrid, trámites de los pasaportes, alojamientos de hotel y dinero de manutención. Igualmente, se les aleccionaba sobre qué tenían que decir en los controles de los aeropuertos, como que su viaje era de turismo, que tenían reserva de hotel e incluso que habían realizado estudios en su país de origen.
Al llegar a España, o bien eran recogidas en el propio aeropuerto o, tras coger un autobús a Zaragoza el propietario del establecimiento de Garrapinilos las trasladaba directamente a dicho local, donde esperaba su pareja para informarles en qué iba a consistir su trabajo real en España.
Deuda de 1.800 a 3.000 euros
Por otra parte, se les indicaba la deuda que habían contraído con los responsables de la red, que oscilaba entre 1.800 y 3.000 euros, por lo que todos los trabajos realizados serían cobrados íntegramente por la responsable del local hasta saldar el pago. También les alertaban de que su alojamiento sería el propio local y no podían salir del mismo sin permiso ni relacionarse con personas externas.
En este contexto, las víctimas no tenían otra salida que ejercer la prostitución para pagar la deuda económica. Según han conocido los investigadores, la responsable del local les apuntaba continuamente que, al estar en situación irregular, si efectuaban salidas y les identificaban serían deportadas.
Los responsables de la organización contaban con medidas de seguridad para controlar todo lo que ocurriese, como cámaras de videovigilancia, un perro de raza peligrosa para guardar el inmueble, o el traslado de las chicas por los propios integrantes de la red, estando todo el tiempo acompañadas por ellos.
Detenciones y víctimas liberadas
Tras un registro del local de Garrapinillos se detuvo a los dos presuntos responsables de la red --propietario del local y la 'madame'--, a quienes se imputan delitos de pertenencia a organización criminal para la trata de seres humanos con fines de explotación sexual y favorecimiento de la inmigración irregular.
Durante la investigación se ha determinado que la única finalidad de esta red era obtener beneficios económicos, no preocupándose por la salud ni seguridad de sus empleadas, a las que obligaban a trabajar incluso estando enfermas y eran aleccionadas al consumo de drogas si los clientes se lo pedían o a que no se defendieran ante algún tipo de agresión por parte de los clientes.
Las seis mujeres liberadas se encuentran en la actualidad en ONGs; mientras que los arrestados han ingresado en prisión. La tercera persona, que ha sido investigada, reside en un país de Sudamérica y se le investiga por los mismos delitos. La operación ha sido llevada a cabo por la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Zaragoza.
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