En un comunicado, el Ejecutivo ha destacado que durante el presente año «reforzará» las herramientas destinadas a prevenir, evitar o paliar situaciones de exclusión social.
De este modo, al nuevo programa de atención urgente a las necesidades básicas de personas y familias que se encuentran en situación de extrema vulnerabilidad anunciado en enero, se le unen las novedades incluidas en la nueva orden de las Ayudas de Emergencia Social (AES), y el aumento de la subvención que recibe Cruz Roja Euskadi para facilitar el pago de las facturas de luz, agua y gas a familias que atraviesan graves dificultades económicas y que no son beneficiarias de las Ayudas de Emergencia Social o de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI).
En concreto, el Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales destinará, de inicio, 41,5 millones de euros a las Ayudas de Emergencia Social -37 millones en una primera partida más otra de 4,5 millones de compensación a ayuntamientos que se reparte cada año-. En 2022 ese presupuesto inicial fue de 27 + 10 millones, pero fue ampliándose hasta alcanzar los 49,5 millones de euros para hacer frente a las consecuencias derivadas de la invasión a Ucrania.
La novedad en 2023 radica que en que en los últimos años se había habilitado una dotación de 10 millones extra como consecuencia de la pandemia, que pasan ahora a ser estructurales.
Según ha detallado, el pasado año las AES contaron con cuatro partidas: dos iniciales de 27 millones y de 10 millones; la primera venía siendo la partida habitual en pasados ejercicios, y la segunda correspondía al programa 'Medidas covid-19'. Posteriormente y derivado de la situación de crisis global, se hicieron dos ampliaciones, una primera de 3,5 millones dentro del programa Isuri; y una segunda de 4,5 millones del programa Hitzartuz.
Además de contar con un presupuesto más estable desde el inicio, las Ayudas de Emergencia Social de 2023 introducen cambios en las cuantías máximas anuales a percibir por las familias para tratar de paliar la incidencia del incremento de precios y del coste de la vida:
Así, sube la cuantía destinada al alquiler hasta un tope de 3.600 euros por año para una unidad convivencial y de 1.800 euros por año para dos unidades convivenciales.
Se eleva igualmente la cantidad máxima posible destinada a hacer frente a los gastos derivados de intereses y de amortización de créditos hasta los 3.600 euros por año. También se incrementa la cuantía para dar cobertura a las necesidades primarias, hasta los 2.500 euros anuales.
En 2022 ya se incrementaron las cuantías de las AES para afrontar los gastos de energía -que incluye los gastos de suministro eléctrico, de gas u otro tipo de combustible de uso doméstico-, que pasaron de 900 a 1.500 euros anuales.
«Es vocación de este Gobierno reforzar nuestro apoyo a los colectivos más vulnerables y con mayores dificultades, en especial para compensar la pérdida de poder adquisitivo que sufrimos en general el conjunto de familias y ciudadanía. Queremos evitar situaciones de extrema pobreza», ha señalado la viceconsejera de Políticas Sociales, Lide Amilibia.
Las AES son ayudas económicas que se conceden a través de los servicios sociales de base (municipales) para cubrir gastos concretos ordinarios o extraordinarios de cara a prevenir, paliar o evitar situaciones de exclusión social. Estas prestaciones no son periódicas, se conceden ante necesidades concretas a personas o familias cuyos recursos resulten insuficientes para hacerles frente.
«Las AES han sido una eficaz y rápida herramienta para paliar los efectos colaterales de la pandemia, la guerra y la crisis en el ámbito social», ha remarcado Amilibia. En 2021 fueron atendidas a través de las AES en el conjunto de Euskadi 53.556 personas -de 27.478 unidades de convivencia-. Las concesiones totales fueron 61.604.
Cruz roja euskadi
Además de la cobertura directa que ofrece, el Gobierno Vasco tiene presentes a aquellas familias y colectivos que atraviesan graves dificultades económicas y que no son beneficiarias de las Ayudas de Emergencia Social o de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI). Para ello, ha dispuesto de la mano de Cruz Roja Euskadi, dos herramientas.
Por un lado, se ha habilitado un nuevo programa de atención urgente a las necesidades básicas de personas y familias que se encuentran en situación de extrema vulnerabilidad, destinando para ello 2,5 millones de euros dentro del programa Hitzartuz. Cruz Roja Euskadi es, desde el 1 de enero y a través de cualquiera de sus delegaciones territoriales, la entidad encargada de coordinar la solicitud, valoración y tramitación de estas.
Solo en el mes de enero, Cruz Roja Euskadi recibió 1.609 solicitudes, realizando un total de 717 valoraciones y ejecutando cerca de 180 pagos. Por territorios, en Álava se entregaron 287 solicitudes, con 84 valoraciones en marcha y 79 pagos realizados o previstos realizar en breve; en Bizkaia, fueron 714 las solicitudes, 397 las valoraciones y dos las entregas; en Gipuzkoa, las solicitudes suman 608, las valoraciones 236 y las concesiones alrededor de 100.
En función de la valoración individualizada que se haga de cada caso y del número de miembros que integren la unidad de convivencia, los importes entregados a estas familias oscilarán entre los 150 euros (para unidades de un miembro) y los 300 euros (para unidades familiares de cuatro o más miembros). Se realizarán, como máximo, tres entregas por año; excepto en casos de vulnerabilidad severa, que serán oportunamente estudiados.
Las ayudas, destinadas a la cobertura urgente de necesidades tan esenciales como una adecuada alimentación o el acceso a productos de higiene personal, serán distribuidas mediante dos vías combinables entre sí.
Por un lado, se entregarán unas tarjetas monedero que podrán ser utilizadas en supermercados Eroski, Mercadona y Carrefour y en pequeños comercios de proximidad. Por otro, las ayudas se canalizarán también a través de una aplicación móvil -la app Encantado de comerte- desde la cual las personas destinatarias podrán adquirir alimentos en perfecto estado que los comercios no han logrado vender a lo largo del día, beneficiándose de una rebaja de hasta un 70% sobre el precio original.
Además, el Departamento que dirige Beatriz Artolazabal firmó en 2015 un convenio con Cruz Roja Euskadi con el fin de facilitar el pago de las facturas de luz, agua y gas a familias vulnerables que quedan fuera del sistema. Si en 2022 el dinero destinado a este fin ascendió de los 400.000 al millón de euros, de cara a 2023 el presupuesto inicial se eleva hasta los 1,5 millones. De este modo, el impulso del Gobierno Vasco a las familias que quedan fuera del sistema a través de Cruz Roja Euskadi es de 4 millones para este año.
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