«Acabamos de acordar los Presupuestos y nos gustaría que pudiéramos separar las cosas y espero que no se mezcle con otros procesos», ha sostenido en una rueda de prensa este viernes en el Parlament.
Así, preguntada por el posible impacto de la petición de la Fiscalía sobre la política catalana, Romero ha sostenido que espera «que no tenga ninguno» y ha reclamado no mezclar la política con otros procesos.
Romero también ha trasladado su apoyo a Jové y Salvadó: «Por encima de todo se tiene que respetar la presunción de inocencia. Todo el apoyo en este proceso».
Asimismo, la portavoz socialista ha defendido la reforma del Código Penal y que las leyes «siempre son interpretables en un contexto determinado».
«Hemos hecho lo que tocaba y, a partir de aquí, no está en nuestras manos, el juez Manuel Marchena ha hecho una resolución en la que ha establecido su interpretación de la ley, y nosotros lo respetamos», ha afirmado.
Respecto a la desjudicialización de la política en Catalunya y la mesa de diálogo, Romero ha defendido que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, «ha abierto la mesa de diálogo para normalizar la relación» y ha criticado que el PP lo dejó, según ella, todo en manos de la vía judicial.
«No puede haber una politización de la justicia, si había caminos judiciales abiertos, deben continuar», ha afirmado.
Ciberataque a la generalitat el 9n
Por otro lado, Romero ha asegurado que «es grave el hecho de que se jaqueen instituciones de Catalunya» y que el ciberataque que sufrieron los sistemas informáticos de la Generalitat el día de la consulta del 9N tuvo un impacto importante.
«No es de recibo y nos parece bien que, debido a su gravedad, se pueda investigar», ha sostenido al ser preguntada por una posible investigación de la Fiscalía sobre los hechos.
Según una investigación de la organización de periodistas Forbidden Stories, donde participa 'El País', un empresario israelí que trabaja para servicios de inteligencia y organismos de seguridad gubernamentales internacionales se ha atribuido el citado ciberataque que sufrió la Generalitat de Catalunya durante la consulta del 9 de noviembre de 2014.
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