Son las «estimaciones» que maneja la Consejería, según ha explicado el titular de la misma, Ramón Fernández-Pacheco (PP), en una entrevista en Canal Sur Televisión, recogida por Europa Press, en la que ha insistido en defender la necesidad, a su juicio, de afrontar la «situación de injusticia histórica que están viviendo una serie de familias de la Corona Norte de Doñana» a través de iniciativas como dicha proposición de ley.
«Las estimaciones que tenemos desde la Consejería es que estaríamos hablando de unas 650 familias y unas 750 hectáreas» las que podrían beneficiarse de esta iniciativa, según ha indicado el también portavoz del Gobierno andaluz, quien, no obstante, ha apostillado que «habrá que ir comprobando caso a caso», de modo que cada agricultor tendrá que demostrar «que cumple los requisitos para acceder a esa regularización».
Además, Fernández-Pacheco ha querido dejar claro que esa regularización «en ningún caso supone derechos de agua», y el día que esos agricultores «puedan obtener derechos de agua, jamás serán del acuífero de Doñana», porque «Bruselas nos dijo claramente que el acuífero no se toca, y desde el Gobierno andaluz estamos de acuerdo».
De esta manera, el consejero ha incidido en que «la solución vendrá vía aguas superficiales», y lo que se plantea es «crear una oficina de seguimiento, solucionamos el problema de estos agricultores, que nunca tuvieron que verse en esta situación, cuidamos el Parque Natural y reforzamos los compromisos medioambientales de la Junta».
El titular andaluz de Medio Ambiente ha agregado que le «sorprende que aquellos que critican» esta proposición de ley «no aportan ninguna solución», y ha dicho que le «gustaría saber qué es lo que piensa el PSOE de este problema, cuál es su solución».
De igual modo, ha subrayado que «una de las primeras cosas» que hizo cuando el grupo parlamentario del PP-A tuvo lista dicha proposición de ley fue «enviársela al secretario de Estado de Medio Ambiente», Hugo Morán, porque entiende que «el diálogo es la base de la solución», y hay «dos administraciones con competencias directas sobre el Parque Nacional» de Doñana, en referencia al Gobierno central y la Junta de Andalucía, que «tenemos que entendernos», porque «ese es el único camino».
El consejero ha recordado que pudo reunirse con el secretario de Estado a finales del pasado mes de febrero, pero ha lamentado que «seguimos sin saber cuál es su alternativa». Además, ha remarcado que la proposición de ley que respaldan PP y Vox «no supone en absoluto una amnistía», de forma que los «cientos de expedientes sancionadores» que actualmente se están instruyendo «tanto en suelo forestal como en materia de agua van a seguir su camino, van a finalizarse», porque «no se perdona a nadie que haya infringido la ley», pero desde la Junta creen que «tenemos la obligación de actuar, de hacer algo, de no dejar desamparadas a las familias ni desentendernos del futuro de esa joya ecológica que es Doñana», ha zanjado Ramón Fernández-Pacheco.
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