El vicepresidente segundo y conseller de Vivienda, Héctor Illueca, ha celebrado que el Tribunal Constitucional (TC) avale el decreto que permite a la Generalitat comprar viviendas mediante el derecho de tanteo y retracto, al tiempo que ha acusado a los senadores del PP de actuar «como mamporreros de intereses que conspiran cada día para impedir construir un sistema público de vivienda» al recurrirlo.
«Los 53 senadores del Partido Popular, encabezados por alguna senadora valenciana --en alusión a Salomé Pradas, quien firmó el recurso--, se han comportado como un grupo de lobistas defendiendo a los fondos buitre y a las grandes inmobiliarias. No han actuado como cargos públicos», ha declarado antes de una reunión con la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, también de Podemos.
A su juicio, la sentencia que avala este derecho demuestra que «el único objetivo del PP era impedir que la Generalitat tuviera esta herramienta para ampliar el parque público de vivienda y ponerlas a disposición de la ciudadanía».
Dicho esto, el también candidato de Podemos a la Presidencia de la Generalitat ha abogado por que en la campaña electoral de las autonómicas de mayo haya «la mayor transparencia» en el dinero invertido por cada partido y su procedencia.
«En el caso de nuestra fuerza política la ha habido, la hay y la habrá. No debemos dinero a los bancos ni a las grandes inmobiliarias ni a las grandes superficies. Esperamos que cunda el ejemplo y todos puedan decir lo mismo», ha enfatizado.
También en materia de vivienda, el conseller ha reiterado el compromiso de Podemos con la aprobación de la ley estatal y ha garantizado que el Consell intervendrá los precios de los alquileres en las zonas tensionadas cuando sea una realidad: «El gobierno valenciano ha hecho sus deberes y estamos preparados».
Belarra enmarca el decreto en la nueva "marca valencia"
Por su parte, la ministra ha celebrado el aval del Constitucional a la estrategia para ampliar el parque público y ha destacado que, con políticas como esta, la «marca Valencia» ha pasado de «las decenas de imputados en casos de corrupción del PP» a ser un referente estatal en materia de vivienda.
Según las cifras de Conselleria, gracias al decreto de aprobado en 2020 se han adquirido 818 viviendas en 76 municipios para destinarlas a familias que las necesitaban, además de comprar aproximadamente 1.300 para ampliar el parque público. El precio medio de adquisición vía tanteo y retracto es de 56.000 euros por vivienda, un 10% menos que las compradas por adquisición directa y un 35% más baratas que las adquiridas vía concurso.
En la sentencia, fechada el pasado 1 de marzo y consultada por Europa Press, el Constitucional avala el decreto ante el recurso que registró el PP en 2020 y contra el que la Abogacía de la Generalitat presentó alegaciones.
Tras recordar que el decreto se ha modificado cuatro veces desde 2020, el TC explica que el Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana se refiere a «los casos de extraordinaria y urgente necesidad» como supuesto para que el Consell pueda dictar disposiciones legislativas provisionales por medio de decretos-leyes sometidos a debate y votación en Les Corts, atendiendo a lo que preceptúa el artículo 86 de la Constitución.
"Establecer un derecho de adquisición preferente a favor de la Generalitat permite dar una respuesta más rápida para colmar las necesidades de vivienda de los colectivos vulnerables que mediante la tramitación ordinaria de un proyecto de ley en el parlamento
valenciano", concluye el tribunal de garantías.
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