El Ayuntamiento de Alicante ha anunciado que revisará el caso del cobro de 211 euros por una tasa de Bomberos a una mujer tras un rescate por un intento de suicidio y declarará exento el pago de este servicio, después de que la afectada denunciara su situación.
La joven criticó este lunes en su cuenta de Twitter que había recibido una carta de la Concejalía de Hacienda en la que se le reclamaban 211 euros por «rescate de persona», después de que intentara suicidarse y una persona de su entorno alertara a los servicios de emergencia.
«A pagar 211 euros que no tengo y aún tendrán la poca vergüenza de llamarlo prevención de suicidio. Seguid promocionando el 112, que a quienes sufrimos 'solo' nos cuesta el encierro, la medicalización, la violencia y a pagar», expresó la joven. Además, puso de manifiesto el «sufrimiento» de recibir esa carta tras su intento de suicidio.
En concreto, según el documento que la mujer ha publicado, le exigen el pago de 211,43 euros, en base a la Ordenanza fiscal de las tasas por servicios del Parque de Bomberos. La cuantía económica se debe al traslado de un cabo, ocho bomberos, dos autobombas y dos coches escalera.
En la misma línea, explicó que el día del intento de suicidio verbalizó al equipo de rescate su situación económica y le dijeron que «aquello no tenía importancia». «Ser pobre les parece que no tiene nada que ver con desear morir y con empobrecerse aún más por tal cosa», ha añadido.
Varias horas después de publicar los tuits, la joven señaló que el consistorio había contactado con ella. «Se comprometen a cerrar el expediente y modificar la ordenanza municipal para que esto no vuelva a suceder. Dicen que ha sido un precedente. Espero que cumplan», recalcó.
El Ayuntamiento ha afirmado que revisará el caso de este cobro y declarará exento el pago de este servicio por tratarse del salvamento de una vida. «No todos los casos son iguales», ha añadido el consistorio en su cuenta de Twitter.
Up propone modificar la ordenanza
Al respecto, desde Unides Podem (UP) han propuesto una reforma «express» de la ordenanza fiscal para antes de que acabe el mandato que sirva para «evitar sanciones crueles a personas vulnerables». Plantean la coordinación entre las concejalías de Hacienda y Acción Social, para que la última fuera la que valorara los casos «antes de girar ningún recibo».
En este sentido, ha denunciado que la normativa actual «no discrimina en el pago de imposición de tasas problemáticas relacionadas con la salud mental, entre otras». Por ello, ha abogado por «por no dejar margen a la interpretación de un gobierno inhumano como el que ha venido siendo el del PP».
«El trato inhumano al que se somete a las personas en situación de vulnerabilidad, haciéndoles alegar tras la interposición de la tasa para acreditar bajos ingresos, informes de salud mental, o cualquier otra circunstancia, revictimiza el usuario», ha lamentado la coalición, al tiempo que ha mostrado su solidaridad con la joven.
El portavoz de UP en el consistorio, Xavier López, ha sostenido que el Ayuntamiento «debe tener como principal objetivo cuidar de su gente, por lo que contemplar reformas y modificaciones de normas y protocolos, así como impulsar políticas desde el ámbito de lo social que incluya contemplar la importancia de la salud mental, es fundamental para que no se vuelva a repetir».
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